La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno central que se simplifique el sistema de Dependencia para destinar los "escasos" fondos que llegan del Estado a la atención y no a la gestión y e incorporarla al modelo de financiación de las comunidades autónomas con el fin de lograr su estabilización.

Marcos se ha expresado así en el marco de una comparecencia en las Cortes de Castilla y León para hacer un balance de la aplicación de la Ley en los últimos seis años, en los que ha afirmado que se ha dado una respuesta "ágil" a las cuestiones planteadas, la adaptación de recursos y la apuesta por la "calidad".

En este contexto, la consejera ha asegurado que en los últimos seis años se ha exigido de forma permanente al gobierno criterios comunes para la aplicación de la Ley y financiación suficiente por parte del Estado, ya que ésta no es la que estaba prevista cuando se aprobó, ya que debía de ser por parte de la Comunidad al menos igual que la de la Administración General del Estado, cuando la Junta costea en realidad el 80 por ciento.

Así, ha afirmado que se insistirá en reclamar al Gobierno central, por un lado, que se simplifique el sistema "para destinar los escasos fondos que llegan del Estado a la atención de las personas dependientes y no a la gestión".

De la misma forma, ha asegurado que insistirá en pedir que se estabilice la financiación "incorporando al modelo de financiación de las comunidades autónomas la financiación de la Ley de Dependencia".

A este respecto, Milagros Marcos ha asegurado que "no es razonable" hacer nuevas leyes que compliquen "aún más" e impidan la gestión "ágil y rápida" y la incorporación permanente de mejoras, por lo que ha señalado que quieren que la atención a las personas dependientes se incluya "como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal" que Castilla y León quiere que se revise.

Financiación definida

"Insistiremos para que en la revisión del modelo se contemple la atención a las personas dependientes", ha dicho la consejera, quien ha invitado a los grupos parlamentarios a sumarse a esta propuesta a la que ha recordado que no han querido sumarse en otros momentos el resto de formaciones políticas pero considera que es "la única forma" de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años siga como lo está aún "al albur de los presupuestos de cada año".

Precisamente ha recordado que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León entre 2008 y 2011 asciende a 457 millones de euros, mientras que en 2012 se destinaron por parte de la Comunidad 397,5 millones y se recibieron 103,1, es decir, se adeudarían 147,2 millones.

La consejera ha aseverado que "sin garantía financiera no hay derecho" por muchas leyes en que se escriba, por lo que ha pedido que no haya más normas sin respaldo presupuestario o que confundan y ha rechazado la "demagogia" frente al compromiso con los dependientes, en referencia a la proposición socialista de elaborar una ley de dependencia propia en Castilla y León.

Además considera que impediría mejoras al tratarse de un texto legislativo, ya que en la Comunidad se han tenido que realizar 25 modificaciones en los seis años de vigencia de la Ley de Dependencia para introducir mejoras o adaptarlas a los acuerdos nacionales o a la regulación estatal.

Asimismo, cree que además se plantean propuestas "injustas o imposibles de alcanzar" y sin respaldo presupuestario que, a su juicio, pueden poner en riesgo los avances que durante años se han conseguido.

A lo largo de su comparecencia, la consejera ha detallado la aplicación de la ley durante los seis últimos años, las decisiones y adaptaciones que se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo para desarrollar la normativa en la Comunidad.

Buena respuesta en cyl

Como características de la aplicación, Marcos ha señalado en primero lugar la "respuesta ágil" que se ha dado a las cuestiones planteadas, mediante un desarrollo normativo "rápido y eficaz" que, en ocasiones, "ha subsanado carencias estatales" o ha introducido mejoras y ha acortado plazos en el procedimiento.

Por otra parte, ha destacado los nuevos instrumentos que se han desarrollado en la Comunidad que, ha afirmado, han permitido potenciar la agilidad, como el acceso unificado a los servicios sociales o el desarrollo de una aplicación informática única para el sistema.

En la misma línea, ha señalado que se han adaptado los recursos existentes y se ha ampliado con más de 500 nuevos profesionales la atención y se ha hecho una apuesta clara por los servicios de calidad frente a prestaciones "meramente económicas y un modelo de subsidios" y como ejemplo ha puesto el hecho de que en circunstancias de necesidad las personas valoradas con Grado I puedan recibir atención residencial, posibilidad que no reconoce la normativa estatal.

Así, ha indicado que actualmente hay más personas que reciben prestaciones en relación a la población, proporcionalmente hay menos personas con derecho a prestaciones que se encuentran pendientes de que les sean concedidas y Castilla y León es una de las comunidades "que más servicios proporcionan con relación al número de personas dependientes", pero además ha afirmado que es la Comunidad que más empleo tiene vinculado a la dependencia en función de la población y la que más invierte por habitante y año.

Marcos ha añadido que se ha llegado ya a una atención plena a las personas con gran dependencia y dependencia severa y están ya atendido el total de personas previsto para 2015, cifra que era de 55.000 personas y ya hay 57.000 con derechos.

La consejera considera que la aplicación de la Ley en Castilla y León es "ágil", se encuentra en constante proceso de mejora y tiene "rigor y calidad" como asegura que lo avalan los datos del Sistema de Información de Atención a la Dependencia, así como los dictámenes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales