El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha confirmado la imputación del exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna en el caso 'Quality Food', pese a no haber resuelto la petición de nulidad de la imputación planteada por su defensa y a que no ha prestado declaración, ya que se acogió a su derecho a no hacerlo en la vista celebrada el pasado 1 de febrero.

Según ha explicado a Europa Press el abogado de Osuna, Felipe Meléndez, se trata de un auto "poco corriente" en el que la titular del juzgado dice que no se van a admitir "chantajes" y que, pese a que no ha declarado y no se ha resuelto la petición de nulidad de la imputación, la instrucción sigue adelante con una ampliación del auto inculpatorio.

De esta manera, se imputan a Osuna dos delitos de malversación y ha dado traslado del auto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que formalicen sus escritos de acusación.

Meléndez ha recurrido el auto ante el propio juzgado y, en previsión de que lo desestime, también ante la Audiencia Provincial, ya que esto supone que su cliente "irá a juicio sin haber declarado y sin que se haya practicado ninguna prueba", al haberlo incluido "en el último momento" tras siete años de investigación.

Según explicó Meléndez a los periodistas tras la vista del pasado día 1 —en la que solicitó la nulidad de la imputación por "la forma" en la que se hizo—, la instrucción del caso 'Quality Food' finalizó y se confirmó por la Audiencia Provincial de Cádiz tras una fase de investigación que se basó, durante siete años, "en otros imputados y en otros delitos".

Durante ese tiempo, Osuna no ha figurado como imputado "en ningún momento" y tampoco el delito de malversación, que "no han sido investigados" y han sido incluidos "de forma sorpresiva" en el escrito de acusación emitido ahora por la Abogacía del Estado.

Decía Meléndez que están "convencidos" de que no puede procederse así conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en vista del incidente de nulidad presentado, recomendó a su defendido que se acogiera a su derecho a no declarar en tanto que no se resolviera la posible nulidad.

Su pretensión, por tanto, era "ir al principio y empezar a investigar ese delito" y Osuna, en caso de resultar imputado, "se pueda defender aportando y proponiendo pruebas oportunas" —explica que habría recurrido a más de 30 testigos—, o que continuara el procedimiento con las personas y los delitos que se acordaron en su momento, entre las que recalca que no estaba Miguel Osuna.

Cabe recordar que el pasado 3 de diciembre de 2012 se aplazaba la declaración prevista para ese día a petición del propio Osuna, nombrado en su día por el Gobierno del PP, que solicitó más tiempo para que su abogado pudiese analizar el informe emitido por la Abogacía del Estado que le colocaba como imputado por el supuesto desvío de fondos públicos de la Zona Franca y de la Sociedad Sogebaq hacia Quality Food.

Hasta ahora, Osuna había ejercido como denunciante en este caso, al impulsar varias denuncias civiles contra el expresidente de la empresa alimenticia Quality Food, Manuel García Gallardo, quien era hasta ahora el único imputado, junto a algunos familiares, en este proceso judicial por un presunto quebranto de unos 30 millones de euros para las arcas del Consorcio de la Zona Franca.