La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que las nuevas empresas y autónomos que se constituyan tendrán rebajas fiscales durante los dos primeros años de su actividad, según recoge el decreto-ley que publicará mañana el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor el domingo, en el que también se incluyen medidas de emprendimiento joven y de apoyo a la financiación empresarial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, indicó que en el caso de las empresas de nueva creación, durante estos dos primeros años, tributarán en el Impuesto de Sociedades al tipo reducido del 15% hasta los primeros 300.000 euros de facturación y el resto, al 20%.

Por su parte, los autónomos que inicien ahora un negocio disfrutarán de una reducción del 20% de la tributación de los rendimientos netos que obtengan durante los dos primeros años, al tiempo que los desempleados que decidan establecerse como autónomos y perciban la prestación por desempleo como pago único quedarán totalmente exentos de tributar en el IRPF por esta compensación, frente a los 15.500 euros que están exentos en la actualidad.

Además de estas medidas fiscales, cuyo coste la vicepresidenta eludió cifrar, el decreto-ley aprobado por el Gobierno contempla dos medidas más para apoyar la financiación de las empresas, especialmente de las pymes, en un momento de restricción del crédito. Así, se facilita a los seguros privados y fondos de pensiones para que inviertan en valores negociados en el mercado alternativo bursátil y en entidades de capital riesgo y se suprime la limitación a las emisiones de valores como alternativa a la financiación bancaria de las empresas.

Medidas en apoyo a la financiación empresarial.

Junto con estas dos iniciativas, hay otra serie de medidas para movilizar un total de 45.000 millones de euros para financiación empresarial, que no se incluyen en el decreto-ley aprobado hoy porque no necesitan una normativa de rango legal. En concreto, la vicepresidenta explicó que se movilizarán 10.000 millones de euros al plan de financiación para pymes a través de la negociación con las entidades financieras, especialmente las que han recibido ayudas del Frob, así como las líneas ICO-mediación por otros 22.000 millones que ya ha aprobado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Mediante la negociación con fondos de capital riesgo y de inversión, el Gobierno pretende movilizar otros 2.000 millones de euros, así como a través de la nueva línea ICO de pagarés de empresas por otros 3.000 millones, que están pendientes de aprobación por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Por último, la ampliación del pago a proveedores por 2.600 millones de euros también se incluye en el decreto-ley aprobado este viernes para que los ayuntamientos puedan pagar facturas anteriores al 1 de enero de 2012. Como novedad del nuevo plan, se podrán adherir País Vasco y Navarra y las mancomunidades de municipios.