El PSOE de La Rioja ha anunciado que va a presentar una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno de La Rioja apoye el Pacto contra la pobreza que desde el PSOE se ha propuesto al Ejecutivo de Marino Rajoy, "ya que supondría ocho millones de euros para nuestra Comunidad Autónoma".

Según ha explicado esta mañana en rueda de prensa la diputada regional del PSOE, Ana Santos, este plan "es imprescindible para garantizar a millones de personas unos mínimos vitales que les permitan vivir con dignidad y a su vez prevenir los inevitables riesgos de exclusión y deterioro de la convivencia colectiva".

En La Rioja, la puesta en marcha de este plan serviría, ha explicado Santos, "para incrementar los servicios sociales más básicos y próximos que prestan los Ayuntamientos, para fortalecer los programas de inclusión social que llevan a cabo las Organizaciones Sociales y para el incremento de las rentas".

La diputada socialista ha asegurado que en La Rioja estamos ante una situación de "emergencia social" y además "somos más pobres que la media de España y la más pobres de todas las Comunidades del norte del país" con una tasa del 24,4 por ciento, 2,6 puntos por encima de la media.

Es por ello que los socialistas de La Rioja han presentado varias iniciativas parlamentarias para que el Gobierno regional apoye la propuesta socialista de un Plan contra la pobreza de 1.000 millones de euros, así como para que elabore en La Rioja un Plan para luchar contra la pobreza y la exclusión social de la infancia.

DESAHUCIOS,

"el punto más dramático"

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de La Rioja, Beatriz Arráiz, ha concretado en que los desahucios son "el punto más dramático de esta situación". En este sentido, Arráiz cree necesario "un cambio legislativo que garantice los derechos de todos los que afectados por este asunto".

Para la número dos del PSOE riojano, el decreto ley del Gobierno de Rajoy "restringe demasiado a quién pude afectar" por lo que los socialistas proponen una norma "más amplia, que permita suspensión de procedimientos de ejecución en cualquier momento del proceso".

Además, el código de buenas prácticas que sale de ese decreto "no es efectivo si no es aplicado por todas las entidades financieras" ha asegurado Arráiz quien opina que ha de ser "de obligado cumplimiento para todas las entidades".