La Junta exige al Ayuntamiento el pago de obligaciones financieras que, como mínimo, superan los 63 millones

La Junta de Andalucía ha recordado este jueves al Ayuntamiento de Málaga que, de acuerdo con el convenio suscrito entre ambas administraciones en abril de 2003, tiene una serie de obligaciones financieras, que se materializan en 32,31 millones de euros en concepto de anticipo de la inversión --hasta el cierre de 2012-- y de rescate de tramos de obra para su ejecución directa: 31,31 millones, si la parte final (Guadalmedina-La Malagueta) va en superficie, o 48,55, si va soterrada, a lo que habría que añadir el montante correspondiente a la fase de explotación.

La Junta de Andalucía ha recordado este jueves al Ayuntamiento de Málaga que, de acuerdo con el convenio suscrito entre ambas administraciones en abril de 2003, tiene una serie de obligaciones financieras, que se materializan en 32,31 millones de euros en concepto de anticipo de la inversión —hasta el cierre de 2012— y de rescate de tramos de obra para su ejecución directa: 31,31 millones, si la parte final (Guadalmedina-La Malagueta) va en superficie, o 48,55, si va soterrada, a lo que habría que añadir el montante correspondiente a la fase de explotación.

Así lo ha explicado a los periodistas el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, tras la reunión de la comisión mixta de seguimiento del convenio del metro, a la que ha asistido el alcalde, Francisco de la Torre. En concreto, en cuanto a la tarifa técnica, en el escenario ideal habría que desembolsar a la concesionaria 47 millones de euros al año, de los que la Junta asumiría el 75 por ciento (35,25 millones) y el Ayuntamiento el 25 por ciento restante (11,75 millones).

En este punto, el viceconsejero ha dejado claro que "cada año que pasamos sin llegar a La Malagueta perdemos directo todos", y, en consecuencia, "no se presta el servicio público de calidad ni se pone en marcha aquella red de metro declarada de urgente necesidad en 2003".

De hecho, ha advertido de que con el escenario de 2020 para la llegada a La Malagueta del metro, el sobrecoste ascendería a 65 millones, y ha precisado que "el incumplimiento de los plazos y de lo establecido en el convenio tiene consecuencias económicas y jurídicas bastante perjudiciales para ambas administraciones", lo que, según ha defendido, la Junta trata de evitar con su propuesta de que el metro atraviese el centro en superficie, frente al Ayuntamiento, que insiste en que vaya bajo tierra.

Respecto al anticipo de inversión, el viceconsejero ha subrayado que la Junta ha asumido las peticiones formuladas por el Ayuntamiento durante la obra, que han generado una inversión adicional de 16,8 millones.

Así, de esos 32,31 millones que, según la Junta y de acuerdo con el convenio, adeuda el Ayuntamiento, 15,25 millones corresponden al periodo de 2006-2010, un total de 8,86 millones a 2011 y 8,19 al pasado ejercicio 2012.

García Cebrián ha insistido en la propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda de compensar esa aportación con la ejecución de actuaciones de movilidad ciclista, un procedimiento similar al llevado a cabo en el caso del metro de Sevilla.

Sobre el rescate de tramos de obra por parte de la Administración regional para su ejecución directa —el que va en superficie en Teatinos, el paso bajo las vías de Renfe, Renfe-Guadalmedina y el último, pendiente de licitar y ejecutar, entre Guadalmedina y La Malagueta—, ha incidido en que esta situación "aún no ha sido convenientemente regularizada".

De ahí se deriva, según García Cebrián, que la regularización de la aportación municipal en este concepto implicaría una cantidad de 31,31 millones si el último tramo se realiza en superficie. En este supuesto, la inversión total de los cuatro rescatados se elevaría a 187,85 millones.

En caso de que ese trazado final fuera bajo tierra, como demanda el Ayuntamiento, la aportación municipal sería de 48,55 millones de euros. Aquí, la inversión total de los cuatro tamos alcanzaría los 291 millones.

Ha señalado que sobre el escenario de la puesta en funcionamiento de las líneas 1 y 2 hasta El Perchel, la previsión es alcanzar los ocho millones de viajeros al año; hasta Guadalmedina, los 12 millones, y hasta La Malagueta, entre 18 y 20 millones.

En un escenario ideal, es decir, con la demanda de viajeros prevista hasta La Malagueta, la subvención de explotación para compensar la diferencia entre la tarifa técnica y la real se sitúa en torno a 47 millones anuales, de los que el 75 por ciento correspondería a la Junta y el 25 por ciento restante, al Consistorio.

Ha defendido que con la propuesta en superficie de la Consejería de Fomento del tramo Guadalmedina-La Malagueta este escenario ideal se conseguiría a finales de 2015. Mientras que si la explotación se circunscribe a El Perchel o a Guadalmedina, la diferencia de viajeros y, por tanto, de menores ingresos, debe ser compensada por las dos administraciones con 10 millones de euros al año.

Con el metro soterrado, con una puesta en servicio en 2020 hasta La Malagueta, el sobrecoste resultante a repartir entre 2014 y 2019 entre ambas entidades ascendería a un total de 50 millones de euros.

Finalmente, la Junta ha demandado de nuevo el Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento para la puesta en marcha de las líneas 1 y 2 hasta la estación María Zambrano a finales de 2013 y coordinar así el sistema público de transporte.

En este punto, García Cebrián ha sido crítico: "además de no responder a nuestra petición reiterada, lo único que ha trascendido es la remodelación de líneas de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que establece un solapamiento de itinerarios con las líneas 1, 2 y 3".

Sí ha adelantado, no obstante, que ambas administraciones se han comprometido a mantener dos reuniones en marzo y otras dos en abril para ir concretando las cuestiones relativas a la movilidad y a las consecuencias económicas del convenio.

Según el viceconsejero, no existen posturas distantes entre ambas administraciones, simplemente, porque "no ha habido ninguna propuesta económica del Ayuntamiento". Y ha reiterado que la de la Junta está elaborada en función del convenio suscrito en 2003, que "es muy claro".

Ha apostado por que "la solución hasta La Malagueta sea posible económica, política y técnicamente" y es que, a su juicio, la alternativa soterrada "es más cara constructivamente y también en cuanto a su temporalidad". Preguntado por qué ocurriría si el Ayuntamiento no aporta ese dinero, ha expuesto que "se daría una generación de intereses, pero no evitar la puesta en servicio del metro".

Ayuntamiento de málaga

Por su parte, el alcalde de Málaga ha tachado esta reunión de "sorpresiva, con efectos económicos preocupantes y un escenario distinto". Ha defendido el trazado soterrado por el centro, "de ahí no nos vamos a mover", lo que sí que habrá que hacer es "adaptar la obra a las posibilidades presupuestarias". "Si el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha dicho que hay dinero suficiente del Gobierno andaluz, no hay que pasar el platillo al Ayuntamiento", ha opinado.

Ha dejado claro que "con el equipo de Josefina Cruz —anterior consejera— se quedó en aplicar el mismo principio que en el metro de Sevilla: la sustitución de esas aportaciones por obras relativas a mejoras viarias". "Eso está ya pactado y resuelto, por lo que no ha lugar", ha apostillado, añadiendo que "si Sevilla no ha puesto un euro, es de justicia que se aplique a Málaga la misma fórmula", y, de hecho, ha anunciado que "no vamos a aceptar bajo ningún concepto ninguna marcha atrás ni revisión de lo ya pactado".

De la Torre ha rechazado que el Ayuntamiento tenga que hacer aportaciones en los tramos rescatados por el Gobierno andaluz y ha precisado que será una cuestión que analizarán jurídicamente, ya que, "al menos políticamente, es chocante".

De hecho, ha aseverado que "es un planteamiento novedoso; primero, porque nosotros no hemos intervenido en ese proceso con la concesionaria, hemos estado totalmente fuera de esas decisiones, y, segundo, porque no hemos definido un calendario de esas obras ni los términos de coste ni tenemos que ver con el retraso".

Esta cuestión, según ha precisado el regidor exigirá "más profundidad" y aspectos concretos como conocer el convenio entre la Junta y el Estado. También ha demandado, en cuanto a la tarifa técnica, un estudio hasta la plaza de la Marina y ha solicitado "ver los números" con el objetivo de "defender nuestros intereses".

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