El Ministerio de Economía y Competitividad ha informado de que está verificando que las subvenciones otorgadas a algunas de las empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) cumplen con la finalidad por la que fueron concedidas.

Además, fuentes del Ministerio han expresado a Europa Press que este proceso de comprobación "de la mayor parte de los expedientes de concesión" de ayudas para la realización de infraestructuras en los parques tecnológicos se encuentra "en una fase muy preliminar".

No obstante, ha recordado que el pasado mes de enero el Ministerio comunicó a las entidades afectadas que se iniciaría el procedimiento de reintegro. Junto a estas comunicaciones, según ha subrayado, se adjuntó un informe sobre las posibles causas que podrían dar lugar a la devolución o reintegro de la ayuda concedida.

Así, se ha dado a las empresas afectadas un trámite de audiencia para que efectúen alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. "Con ello se trata de garantizar que todas las entidades afectadas sean oídas antes de emitir la correspondiente resolución", han añadido desde el Ministerio.

Una vez se haya realizado el pertinente estudio de las alegaciones, el Ministerio procederá a aceptar o a desestimar las que correspondan, aunque si se aceptan se pondrá fin al procedimiento de reintegro, sin que sea necesario efectuar ninguna devolución de las ayudas.

Algunas de las empresas afectadas ya han presentado alegaciones, que están dando lugar a la revisión de los expedientes, "de acuerdo con la legislación nacional y comunitaria y cuando proceda". En definitiva, "se están desarrollando un conjunto de trámites, dentro del procedimiento ordinario, que velan por garantizar la seguridad jurídica de las entidades beneficiarias de las ayudas".

Por último, desde el Ministerio han hecho hincapié en que los parques científicos y tecnológicos "son una pieza crucial en el ámbito de la transferencia de tecnología entre entidades pertenecientes al sistema de ciencia y las empresas".

Esta respuesta se produce después de conocerse que una treintena de empresas que han recibido préstamos del Ejecutivo con un plazo de amortización de entre 10 y 15 años, por un importe total de 100 millones de euros, podrían tener que devolverlos.