La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que las resoluciones definitivas de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario podrán publicarse antes de que concluya el primer trimestre de 2013.

En comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera explicó que, una vez que se dispuso de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se pronunciaba sobre el fondo de la cuestión, que permitía resolver estos concursos, "se actuó para desbloquear la situación".

En concreto, ha explicado que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía solicitó el allanamiento en los distintos procesos judiciales pendientes, "para garantizar que no exista impedimento judicial abierto que pueda distorsionar la resolución de los concursos", y las comisiones de baremación de las consejerías y delegaciones provinciales reanudaron sus trabajos.

Aguayo aseguró que se ha acogido "con satisfacción que se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión y con carácter firme", ya que "define el marco jurídico que debe regir la resolución de estos concursos y permite desbloquear la situación generada por los pronunciamientos judiciales contradictorios".

En su intervención, la consejera recordó que los concursos de méritos que se resolverán en breve se convocaron en marzo de 2011 y que, aunque participaron en este procedimiento 12.124 funcionarios, todos los concursos tuvieron una tramitación rápida "gracias al buen ritmo de trabajo de las comisiones".

En este sentido, la consejera indicó que, ya en el mes de julio de 2011, se habían publicado los listados provisionales de adjudicación de puestos. Esto es, "apenas tres meses después de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes ya existía resolución provisional y se había dado trámite de alegaciones".

Sin embargo, recordó que el 8 de septiembre de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia relativa a la equiparación de la valoración de los servicios prestados como personal interino, por lo que se consideró "adecuado" recabar informes del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, para determinar la incidencia de dicha sentencia en los procedimientos de concurso en tramitación.

De esta forma, conforme al informe del gabinete jurídico, el 14 de noviembre de 2011 se acometió la revocación parcial y modificación de las bases originales, de manera que se valoraran los servicios prestados como personal interino a efectos del mérito de la antigüedad.

Esta decisión fue recurrida por sindicatos y interesados, recayendo "pronunciamientos judiciales no firmes de carácter contradictorio", por lo que la Administración se vio obligada a "suspender la tramitación del concurso, hasta tanto hubiera una resolución que valorara el fondo de la cuestión", afirmó la consejera.

Finalmente, ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sede en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la que se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, el pasado 29 de octubre, "considerando que la prestación de servicios como funcionario interino y como funcionario de carrera son hechos que tienen su causa en situaciones no comparables", por lo que cree que "existen razones objetivas que justifican la aplicación de criterios de antigüedad diferentes".

Tanto los diputados de IU como del PP que formularon sendas preguntas sobre este asunto recordaron la situación en la que se encuentran los empleados públicos afectados, con duplicidad de gastos y alejados de sus lugares de origen en algunos casos y urgieron a la rápida resolución de dichos concursos.