Los notarios y registradores de la propiedad podrían llevarse al año unos 4.400.000 euros de los "bolsillos" de los valencianos si finalmente se privatiza el Registro Civil —servicio actualmente público y gratuito—, según las cifras que baraja UGT del País Valencià.

Así lo ha avanzado este jueves el responsable del sector justicia de la FSP-UGT del País Valencià, Santiago Alegre, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en las Corts, Verónica López. En el acto, Alegre ha avanzado que van a iniciar una campaña de recogida de firmas contra la posible privatización del Registro Civil y las tasas judiciales.

Si se privatiza este servicio, los valencianos y todos los españoles tendrán que pagar "dos veces" por cualquiera de los trámites que realicen en el Registro Civil, ya que por un lado pagarán a los registradores y notarios y, por otro, a la Administración "a través de sus impuestos".

Al respecto, Alegre ha indicado que desde UGT han realizado un estudio aproximado de cómo quedarán fijados los aranceles para acceder a este servicio si finalmente se privatiza. Así, ha comentado que calculan que cualquier trámite podría costar a los ciudadanos unos 20 euros, según los baremos con los que trabajan estos profesionales.

De esta forma, si en la ciudad de Valencia hay unos 800.000 habitantes, y al año se realizan unas 40.000 inscripciones de nacimientos, matrimonios o defunciones en el Registro Civil, y otras 180.000 certificaciones de inscripción, los registradores y notarios podrían recaudar al año hasta 4,4 millones de euros de los valencianos que usen este servicio —siempre que la tasa que se fije sea de unos 20 euros—. "Es un caramelo apetitoso", ha aseverado Alegre.

Si se privatiza el servicio, "los ciudadanos tendrán que pagar dinero para la inscripción de un hijo, por un certificado de defunción, por el matrimonio o por actas que afectan a los derechos personales", ha comentado López. "Por cualquier acto tendrán que pagar un arancel, por algo que ya pagaban con sus impuestos", ha comentado.

Asimismo, Alegre ha comentado que la privatización del servicio no conllevaría despido de funcionarios, pero sí una reordenación de plantilla, con lo que las personas que estaban destinadas al mismo, serían redistribuidas a otros órganos judiciales. De esta forma, no habrá despidos, pero lo que sí se hará es no cubrir plazas con interinos, ha lamentado.

Alegre ha recordado que el Registro Civil existe desde 1870, con lo que tiene más de 150 años de antigüedad. En 2008, el Gobierno decidió modernizarlo y agilizarlo, y llevó a invertir 129 millones de euros en conseguirlo. Así, se pudieron digitalizar 108.670 libros. Ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "pretende trasvasar a colectivos privados este servicio sin ninguna justificación".

Escenario de "caos"

Verónica López, quien ha mostrado todo su apoyo a la campaña iniciada por UGT, ha comentado que desde que gobierna el PP, el escenario de la justicia "es el del caos, la improvisación y la imposición", que lleva al "desmantelamiento de la justicia en estado puro cuando debería ser un valor de todos y para todos". Así, ha desmentido que estas medidas "supongan un ahorro, porque no se puede producir ningún ahorro en las políticas de recortes y privatizadoras, es sólo ideología en estado puro", ha dicho.

De esta manera, se ha referido a la "improvisación" de Gallardón al aprobar una ley de tasas judiciales, "que abre la mayor brecha social creando una justicia para ricos y otra para pobres, sin publicar los baremos ni los modelos de liquidación para abonar estas tasas".