El Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) decidirá si se convoca la Asamblea de Alcaldes, que agrupa a los 8.100 alcaldes españoles, para que opinen sobre la reforma local aprobadas el pasado viernes por el Gobierno. El vicepresidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido la reunión urgente de la citada asamblea.

La Junta de Gobierno de la FEMP se ha reunido este miércoles y ha acordado, según informa la Federación, seguir "profundizando" en el estudio de la reforma local para presentar una propuesta que desde la "lealtad institucional" permita "cooperar en mejorar la reforma más profunda acometida en democracia en relación al régimen jurídico del sector público local".

De la Serna ha señalado que, una vez se haya realizado este análisis, volverá a convocar una nueva reunión de la Junta de Gobierno y, tal y como había comprometido, convocará urgentemente una reunión del Consejo Territorial de la FEMP para así "amplificar el debate en relación al Anteproyecto". Será este órgano en el que deberá estudiarse y, en su caso, decidirse si se debe convocar una Asamblea de Alcaldes.

El vicepresidente Abel Caballero ha pedido al término de la reunión que se convoque de forma "inmediata" el Pleno -antes denominado Asamblea General— para que los 8.100 alcaldes españoles que lo integran puedan opinar sobre la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno.

Intervención de ayuntamientos

En la Junta de Gobierno se ha puesto de manifiesto, según la FEMP, que el texto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros ha supuesto un "avance muy importante" con respecto al conocido en julio por lo que califica el texto de "buen punto de partida" para trabajar tratando, primero en la Comisión Nacional de Administración Local y posteriormente en el trámite parlamentario, de "enriquecerla con las aportaciones de los Alcaldes".

En la reunión, miembros como el propio Caballero, han planteado la modificación de los términos en los que se ha reflejado en el Anteproyecto la asunción de las competencias de Educación por parte de las comunidades. La FEMP considera que debe quedar claro que son las autonomías las que deben asumir "en su integridad los gastos correspondientes a los servicios de limpieza y mantenimiento de los centros escolares".

En relación a la posible intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, la Federación asegura que en la Junta de Gobierno ha quedado patente que ésta es una cuestión que genera "preocupación e incertidumbre" entre las Entidades Locales, no sólo por lo que ello implica sino porque "tal y como está redactada la norma resulta difícil evaluar su impacto real".