La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha respondido a la Junta de Andalucía que el reparto por parte del Gobierno de la Nación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) atiende a criterios "reglados y rigurosos" como son el vencimiento de los pagos pendientes y el 0,7 por ciento del PIB, "y no a lo que quiera pedir cada comunidad o a lo que el Gobierno pueda dar".

En declaraciones a los periodistas, Crespo se pronunciaba así después de que la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, calificara este martes como "insuficientes" los 3.209 millones de euros con cargo al FLA, correspondiente al año 2013, que el Gobierno ha concedido a Andalucía, que reclamaba 7.039,65 millones.

La delegada del Gobierno ha apuntado que hay una Comisión Delegada para Asuntos Económicos que es la encargada de determinar la cifra, que no es fruto "simplemente de una negociación bilateral". "No se está a merced de lo que pida una comunidad, sino de unas reglas establecidas", ha insistido Crespo, quien ha señalado que 3.209 millones no es una cifra "baladí".

Ha querido dejar claro que el Gobierno de Rajoy ha sido el que más dinero "en tan poco tiempo" le ha otorgado a Andalucía, unos 11.000 millones entre el año pasado y el anterior, una cantidad "nada desdeñable". Esta cifra se merece, en su opinión, "un respeto y una atención especial por parte de la Junta, que debería dejar fuera la confrontación".

Crespo ha hecho hincapié en que el Gobierno de la Nación no va a dejar "sola" a la Junta de Andalucía frente a sus vencimientos de deuda y que va a seguir ayudando a esta comunidad. Así, ha destacado que existe una comisión de relaciones económicas entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería del ramo en Andalucía que se reúne "continuamente" y que ha dado buenos frutos.

"El Gobierno lo primero que quiere es ayudar a Andalucía", ha destacado la delegada del Gobierno, quien ha pedido a la Junta que no solo se limite a pedir, sino que, como hace el Gobierno, ponga en marcha las reformas necesarias para la recuperación económica y para hacer sostenibles los servicios públicos.