Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo han desarticulado una organización criminal dedicada a la venta de contratos de trabajo y a la simulación de altas laborales dirigidas a la percepción fraudulenta de prestaciones y subsidios dirigidos a desempleados.

La investigación se inició en verano del pasado año cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia detectó algunas irregularidades en la documentación de algunos trabajadores que habrían accedido a regularizaciones administrativas y prestaciones derivadas de relaciones laborales posiblemente inexistentes.

Durante el mes de agosto, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real denunció a un vecino de la localidad murciana de Abarán que estaría vendiendo contratos falsos de trabajo. Tras esta denuncia, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Murcia inició una investigación exhaustiva sobre todas las empresas relacionadas con el denunciado, según han informado fuentes policiales.

Así, pudo comprobarse que el mismo dirigía un supuesto grupo empresarial que era en realidad una organización criminal establecida con el único propósito de lucrarse mediante distintos fraudes derivados de su condición de empleador.

Las investigaciones pusieron de manifiesto que dentro de este grupo se habían dado de alta diez empresas, bajo cuya cobertura se habían generado decenas contratos de trabajo falsos y se habían llevado a cabo numerosas altas en la Seguridad Social de supuestos trabajadores, según las mismas fuentes.

La apariencia de legalidad de los documentos señalados, había servido para que los clientes de la trama se beneficiaran de diferentes prestaciones y subsidios derivados de la condición que supuestamente ostentaban.

La organización funcionaba con una estructura piramidal. En la cúspide se encontraba un varón español de treinta y dos de edad, asistido por varios asesores que se encargaban de la tramitación y de quien dependían varios intermediarios encargados de captar a los clientes de la trama. En el escalón inferior se situarían los supuestos trabajadores que utilizando los documentos falsos expedidos al efecto, se beneficiaban de prestaciones a las que no tenían legítimo derecho.

Entre noviembre del pasado año y finales de enero del presente se ha detenido a un total de 37 personas de diferentes nacionalidades (6 españoles, 19 marroquíes, 5 ecuatorianos, 2 bolivianos, 2 argelinos, 1 paraguayo, 1 rumano y 1 colombiano), y se han intervenido numerosos documentos acreditativos del fraude en curso, por el que se imputan delitos de estafa, falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y organización criminal.

Se estima que la deuda generada ante la Tesorería de la Seguridad Social por las empresas investigadas supera los 1.600.000 euros, al mismo tiempo que se devengaban prestaciones por desempleo indebidas por importe de más de 100.000 euros.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Murcia, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia y la Provincial de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real.