El PSOE-A ha defendido este miércoles, en aras de la transparencia, el acceso de los ciudadanos a la información sobre cualquier institución pública, incluida la Casa Real, en la medida en que "dispone de fondos públicos".

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Francisco Álvarez de la Chica, ha presentado en rueda de prensa la proposición no de Ley que su partido defenderá en el Pleno de la Cámara la próxima semana, en la que se insta a la Junta a recoger, en la futura ley de Transparencia andaluza, los requerimientos establecidos en el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos del año 2009, y que el Gobierno de la Nación también lo suscriba, puesto que es uno de los pocos países que no lo ha hecho.

De la Chica ha explicado que el citado convenio marca los estándares mínimos que debe cumplir una ley europea de acceso a la información y plantea nueve principios que son muy exigentes con las administraciones públicas en relación con la transparencia.

Por ejemplo, se recoge, según ha detallado, que el derecho a la información es un derecho de todos los ciudadanos, sin exclusión, sin ningún elemento condicional de nacionalidad o de posición de residencia en relación. Ha añadido como otro punto a destacar que el derecho a la información se aplica a todas las instituciones públicas, a todas las que gestionan fondos públicos, sin exclusión ni por el rango que ostenten.

En este punto, el portavoz del grupo socialista ha incluido entre esas instituciones a la Casa Real. "Que ninguna institución esté a salvaguarda de la transparencia, incluida la Casa Real, en la medida en que es una institución que dispone de fondos públicos", ha señalado.

Ha recalcado que los preceptos del citado convenio, que ya han suscrito mucho países de Europa, obligan a todos los ámbitos instituciones a los que llegan los recursos públicos a dar cuenta detallada y transparente de lo que se hace con cada uno de los recursos que llegan de los impuestos de los ciudadanos.

Asimismo, ha puesto el acento en que se deben articular mecanismos para los ciudadanos que sean sencillos, rápidos y gratuitos en el acceso a la información, y que los funcionarios públicos tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

Álvarez de la Chica también se ha referido al apartado en el que se indica que el secreto y la denegación de información tienen que ser una excepción, no la norma, y cualquier denegación, de producirse, tiene que estar motivada y explicada, de manera que no vale el silencio administrativo.

El citado convenio también recoge, según ha expuesto, que las instituciones públicas tienen que dar pasos "inequívocos y ciertos" para poner a disposición del público la información básica y de interés general para los ciudadanos sin la necesidad de que éstos la soliciten. Se apunta que el derecho a ese acceso a la información de los ciudadanos debe estar garantizado por un órgano independiente que vele por el cumplimiento y las exigencias del marco normativo.

Iniciativa oportuna

Para Álvarez de la Chica, su grupo está presentando una proposición no de Ley oportuna en unos momentos en los que los ciudadanos exigen "que las luces estén encendidas las 24 horas para conocer qué se hace con su dinero" desde las instituciones públicas.

Para el PSOE-A, nos encontramos ante la quiebra de un modelo de convivencia que ha desembocado en una pérdida de confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos y, ante situación, existe la oportunidad de recuperar la confianza en lo público, de romper esa desafección y ese alejamiento que sienten los ciudadanos hacia sus instituciones y devolverle la confianza y la esperanza en la democracia.

Según los socialistas, la sociedad actual demanda poderes públicos transparentes y responsables, que rindan cuentas claras sobre lo que hacen, por qué lo hacen y sobretodo, cómo y cuánto gastan al hacerlo. "Sólo la transparencia podrá recuperar parte de la confianza perdida y permitirá que los ciudadanos se sientan corresponsables en la gestión pública y que participen en las decisiones que les afectan", según señala en su iniciativa.

El grupo socialista pone de manifiesto que el proyecto estatal de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que actualmente se tramita no se ajusta a dicho Convenio europeo, de manera que si se aprobase como está, sería una norma "que estaría muy por debajo de los estándares mínimos internacionales".