El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adelantado en su discurso de inicio del debate sobre el estado de la Nación que aprobará un proyecto de ley de control financiero de los partidos políticos. Esta nueva legislación dotará de más instrumentos al Tribunal de Cuentas: más medios para su labor de control, que se extenderá a las fundaciones vinculadas a los partidos.
La intención del Gobierno es propiciar "un mayor control sobre los partidos, sobre sus cuentas y sobre su gestión". Así, se extenderá la aplicación de la futura Ley de Transparencia también a los partidos, las organizaciones empresariales y los sindicatos.
Asimismo, ha anunciado que modificará el código penal para endurecer las penas por delitos de corrupción. Un mal que le "repugna; la corrupción es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España", reiteró, al tiempo que propuso un amplio acuerdo en esta matería "desde la lealtad institucional, al autoexigencia y la responsabilidad de todos", concluyó.
Junto al endurecimiento de las penas, Rajoy mostró su intención de agilizar los procesos judiciales mediante una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y aumentar los plazos de prescripción, con el fin de que las conductas públicas delictivas no queden impunes por una justicia ineficiente. "No quiero que en España se aplaudan acusaciones sin pruebas. Causan daños irreparables", declaró.
El presidente prosiguió su batería de propuestas para combatir la crisis de corrupción con el anuncio de "una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas". Este estatuto del cargo público marcará las escalas de retribuciones, las compensaciones por cese, las declaraciones de renta y patrimonio que se han de publicar... Se busca así transmitir "seguridad y certeza" a los ciudadanos, explicó Rajoy.
La medida de control a los cargos políticos, que conllevará procedimientos de comprobación, "mediante auditoría", de la situación patrimonial de los altos cargos al final de sus mandatos, podría extenderse además tanto a diputados como a senadores, tal como adelantó el líder del Gobierno.
"Es una insidia decir que hay un estadio generalizado de corrupción en España". Mariano Rajoy, muy aplaudido por la propia bancada popular, ha finalizado su discurso (en el que no ha citado en ningún momento el caso Bárcenas) con un "somos de fiar".
Las medidas anticorrupción de Rajoy
1. Aplicación de la ley de transparencia a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que se financien esencialmente con fondos públicos
2. Aprobación de una ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, que incluirá las siguientes decisiones:
- Establecimiento del procedimiento de aprobación de las cuentas en los estatutos de los partidos.
- Depósito obligatorio de las cuentas anuales en un registro público.
- Fiscalización por el Tribunal de Cuentas de todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos.
- Regulación de los procedimientos de contratación de los partidos.
- Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos, que tendrá el deber de colaborar con el Tribunal de Cuentas y comparecerá anualmente ante el Parlamento.
3. Aprobación de una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas con las siguientes medidas:
- Regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos.
- Realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato.
- Establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos.
- Determinación y límites de los sistemas de protección social.
- Limitación de la compensación tras el cese.
- Refuerzo de la Oficina del Conflicto de Intereses.
- Propuesta de extensión de estas medidas a los parlamentarios reformando las normas existentes en el Congreso y el Senado.
4. Regulación parlamentaria de los grupos de interés (lobbies) mediante la reforma de los reglamentos del Congreso y el Senado para crear un registro de los mismos en las Cortes y establecer un código de conducta con sus actividades, límites y obligaciones.
5. Reforma del Código Penal para endurecer las penas de los delitos asociados con la corrupción y ampliación de los plazos de prescripción de los mismos.
6. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la tramitación de los procesos penales por delitos relacionados con la corrupción y separar la determinación de la responsabilidad civil respecto a la penal.
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