La Agencia Tributaria ordenó embargar a Arturo Fernández en 2012 por 3,6 millones

Jesús Terciado, presidente de Cepyme; Juan Rosell, presidente de la CEOE y Arturo Fernandez, presidente de la patronal madrileña
Jesús Terciado, presidente de Cepyme; Juan Rosell, presidente de la CEOE y Arturo Fernandez, presidente de la patronal madrileña
Ballesteros / EFE
Jesús Terciado, presidente de Cepyme; Juan Rosell, presidente de la CEOE y Arturo Fernandez, presidente de la patronal madrileña

El Congreso de los Diputados tenía conocimiento de los problemas de Arturo Fernández con el fisco desde hace más de un año. El empresario, que gestionaba la cafetería y el servicio de restauración de la institución, acumulaba una deuda con Hacienda de 3.626.622,66 euros en esa fecha, a pesar de lo cual pudo continuar prestando el servicio.

Así figura en el informe que el presidente del Congreso, Jesús Posada (PP), encargado a los servicios de la Cámara a raíz de las denuncias de trabajadores que acusan al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de los empresarios españoles de pagar en negro a sus trabajadores.

Según el texto, al que ha tenido acceso 20minuto.es, fue la Agencia Tributaria quien notificó la incidencia a través de una diligencia de embargo que llegó a la Cámara el 13 de febrero de 2012.

En la misma, el organismo ordenaba congelar los pagos a Arturo Grupo Cantoblanco S.L.. Sin embargo, el Congreso no ejecutó la orden alegando que no era esta, sino otra empresa del vicepresidente de la patronal de empresarios, Grupo Cantoblanco Alimentación S.L., la que daba de comer a los diputados.

En total, y según las cifras que constan en el Registro Mercantil, las empresas de Fernández acumulan 16 reclamaciones de la Seguridad Social por un importe que supera el medio millón de euros.

Pagos en negro

Esta no era sin embargo, la única irregularidad detectada. En su informe, el Congreso admite que en mayo de 2009 ya había recibido un aviso de huelga por parte del personal de la cafetería. Estos, denunciaron que Arturo no reconocía la antigüedad de sus empleados o que las horas extra le serán abonadas en metálico y en sobres, sin la debida cotización a Hacienda.

El sindicato CC OO, que defendió a los trabajadores, ha entregado la documentación sobre estos casos al Fiscal Superior de Madrid, que investiga el posible fraude.

Como en el primer caso, y a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público impide contratar con la Administración a cualquier empresa que no esté al corriente de pago con sus obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social, la adjudicataria mantuvo el servicio.

El Congreso, donde el PSOE tenía entonces mayoría, tampoco hizo nada. La situación se regularizó en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, donde los trabajadores lograron que la empresa aceptase sus reivindicaciones.

La Cámara, a juzgar por las quejas, ni si quiera estaba contenta con el servicio, que se prestaba "no siempre a plena satisfacción de los usuarios", reza el informe. Las quejas llegaron a la intervención de la Secretaría General.

Fin a 18 años en el Congreso

El holding de Arturo Fernández, reza el informe, lleva prestando servicios en el Congreso desde 1995. Hasta 2005, y merced a renovaciones anuales, lo hizo con la empresa R. Avenida de América S.L.. Por el camino (2001), esta pasó a llamarse Arturo Grupo Cantoblanco S.L..

En 2006, el empresario logró de nuevo el servicio en un concurso en el que se impuso a Sodexho. En 2010 hizo lo propio superando la oferta de Cutesa S.L.. En esta ocasión ya se presentó como Grupo Cantoblanco Alimentación S.L.. La razón era puramente mercantil: según sus cuentas, mientras la evolución de las ventas de Arturo Grupo Cantoblanco venía cayendo en picado desde 2008, las de Grupo Cantoblanco Alimentación no dejaban de crecer.

El contrato de adjudicación de la cafetería y la restauración del Congreso concluye el 1 de septiembre de 2012. Este martes, Jesús Posada anunció que no le prorrogará el servicio y que ya se prepara un nuevo concurso de adjudicación para esa fecha. Ello, a pesar de que asegura que no ha tenido conocimiento de queja alguna por parte de los trabajadores de estas áreas.

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