El Congreso no renovará el contrato con Arturo Fernández tras el caso de los pagos en negro

  • El Congreso asegura que no ha encontrado ninguna irregularidad, pero, aún así, le quita la concesión para sacarla a concurso.
  • El empresario ha sido acusado de pagar en 'B' a sus empleados y la Fiscalía de Madrid ya investiga el caso.
El vicepresidente de la patronal CEOE y presidente de los empresarios de Madrid, en una imagen de archivo.
El vicepresidente de la patronal CEOE y presidente de los empresarios de Madrid, en una imagen de archivo.
Juanjo Guillén / EFE
El vicepresidente de la patronal CEOE y presidente de los empresarios de Madrid, en una imagen de archivo.

La comisión de contratación del Congreso de los Diputados no ha detectado "ninguna actuación fuera de la ley" por parte del Grupo Arturo Cantoblanco, el servicio de restauración de Arturo Fernández, vicepresidente de la patronal y presidente de los empresarios madrileños. Sin embargo, la Cámara no prorrogará el contrato actual y convocará en su lugar un nuevo concurso para este servicio.

El vicepresidente de la CEOE ha sido acusado por varios empleados de pagos en 'B', lo que podría suponer un fraude continuado a Hacienda y a la Seguridad Social que ya está siendo investigado por la Fiscalía de Madrid.

Al término de la reunión de la Mesa del Congreso, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha descartado que el grupo hostelero de Arturo Fernández pagase en 'negro' a sus empleados.

Sin embargo, a pesar de que la empresa del vicepresidente de la CEOE habría actuado "con absoluta normalidad", el órgano de dirección del Congreso ha decidido sacar a concurso el contrato de restauración, según fuentes parlamentarias.

El empresario madrileño emplea a casi 2.000 trabajadores en un emporio hostelero que cuenta con 90 establecimientos, entre ellos restaurantes, cafeterías y hoteles, e importantes concesiones públicas como la restauración en la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados, Ifema, RTVE, algunos hospitales como el Infanta Leonor en la Comunidad de Madrid, así como contratos con grandes compañías como Metrovacesa y Unión Fenosa.

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