El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, declarará el próximo jueves como testigo en la Audiencia Nacional, un día después de que el socio auditor de Deloitte Francisco Celma aclare por qué aprobó las cuentas de aquél, pero no las de su antecesor, Rodrigo Rato.

El interés por la comparecencia de Goirigolzarri se multiplicó el pasado jueves, día que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez aseguró que le "tenía en mente" cuando negoció arrebatar a Rato poderes ejecutivos en el grupo porque no confiaba en él dada su inexperiencia en el sector.

Sin embargo, esas gestiones se paralizaron con la irrupción del Ministerio de Economía, que exigió un nuevo plan de capitalización a Bankia a pesar de que tenía uno ya aprobado por el Banco de España el 17 de abril, lo que hizo al supervisor perder "totalmente el control" de la entidad, según su anterior responsable.

Para explicar dicha intervención estaba citado como testigo este lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha expresado al juez Fernando Andreu su voluntad de declarar por escrito, una facultad que le viene dada gracias a su condición de miembro del Gobierno.

Quien sí comparecerá el miércoles es Francisco Celma, en su caso para aclarar si prometió a Rato, tal y como éste sostuvo en su declaración como imputado el pasado 20 de diciembre, que tendría el informe de auditoría a sus cuentas de 2011 aunque tuviera que "trabajar toda la noche".

Hasta entonces, según varios exconsejeros interrogados y el propio Rato, Deloitte no había puesto ninguna salvedad a esas cuentas, que mostraban unos beneficios de 309 millones de euros, excepto las que se limitaban a la valoración de las acciones y los activos fiscales de BFA.

Sin embargo, el auditor sí estuvo presente en la última reunión de los exconsejeros para justificar una reformulación que arrojó unas pérdidas de 2.979 millones, ya bajo la presidencia de Goirigolzarri.

Un día antes que Celma, el martes, está citado a declarar Jaime Castellanos, presidente en España de Lazard, entidad que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, con el que el exvicepresidente del Gobierno negó en un primer momento cualquier relación comercial.

Después, en un escrito ampliatorio enviado a Andreu, Rato explicaba que en 2009 había constituido con Castellanos y otros la sociedad inmobiliaria Paracuga, aunque precisaba que "no ha realizado operación mercantil de clase alguna" y que, tres años después, había presentado en el registro mercantil su acuerdo social de disolución, liquidación y extinción.

También aclaraba que actualmente forma parte, junto con Castellanos y otras personas, de una comunidad de bienes titular de un local comercial en Alcorcón (Madrid), que es objeto de arrendamiento a terceros.

Hasta el momento, ya han testificado en la Audiencia Nacional, Fernández Ordóñez, el que fuera su "número dos", Francisco Javier Aríztegui, y su sucesor en el cargo, Luis María Linde, así como los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Blas Calzada y Julio Segura.

Tras las testificales, la semana culminará el viernes con la toma de declaración al representante jurídico de Bankia y BFA, esta vez en calidad de imputado.

Bankia y BFA eran las dos únicas partes imputadas a las que el magistrado no había convocado aún, ya que entre noviembre y diciembre pasado ya interrogó a los 33 exconsejeros del grupo querellados por el impulsor de esta causa, el partido Unión Progreso y Democracia.