El administrador único de Diviertt, José María Flores, reconoció este lunes ante el juez del caso Madrid Arena que firmaba los documentos relativos a contratos para eventos u otros escritos sin leer su contenido al confiar plenamente en su hermano Miguel Ángel.

Así lo explicaron los abogados de las acusaciones particulares tras concluir el interrogatorio, que apenas duró dos horas. Tras escuchar su versión, el juez Eduardo López Palop no quiso imponer ninguna medida cautelar a José María, imputado en la causa junto a su hermano, debido a que su mujer está embarazada.

José María fue la persona que firmó el contrato con Madrid Espacios y Congresos (Madridec) para el alquiler del pabellón donde se celebró la fiesta de Halloween la madrugada del pasado 1 de noviembre y tras la que murieron cinco adolescentes. Sin embargo, afirma que rubricó los documentos sin leerlos.

"Desconocía todos y cada uno de los actos que se hacían. Firmaba los documentos como apoderado porque se lo decía su hermano", explicó Gerardo Viada, que representqa a la familia de Katia Esteban Casielles. "No sabe nada de los pagos, de las entradas, del contenido de los seguros. No ha querido responder a preguntas del Ayuntamiento. Hacía todo lo que hacía su hermano. Ignoraba si se habían vendido más entradas", añadió el letrado.

Según su declaración, José María no asistió al evento, pero su mujer le alertó por teléfono a las 3.00 horas de que tenían un problema por el fallecimiento de unas de las chicas (serían tres aquella noche y cinco después de varios días). "Dice que sus funciones eran de gestión y que firmaba todo lo que su hermano le ponía delante", insistió el letrado que añadió que el imputado ha admitido que conocía al vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva.

A las 3.30 horas ya se encontraba en el pabellón, por lo que el abogado de la familia de Belén Langdon, Abdon Núñez,  cree que tuvo que ver cómo pasaban las urnas con las entradas para ser escondidas en el pabellón satélite. En este recinto, la Policía halló un total de ocho urnas que contenían más de 17.000 entradas. Estas pruebas confirmaban que el aforo fue ampliamente superado, en contra de lo que Miguel Ángel Flores afirmó inicialmente.

Hasta el momento, Miguel Ángel Flores y José María Flores han basado su defensa en culpar a la Policía Municipal y a la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento, Seguriber, a quienes acusan de permitir el botellón y no controlar el aforo. Esta última misión, sin embargo, era competencia de la organización.

Al inicio de la instrucción del caso, también señalaron al Ayuntamiento de Madrid y a Madridec por haberles alquilado "un recinto que no reúne las condiciones necesarias para celebrar macrofiestas", por lo que debía haber sido "precintado y clausurado".

"Diviertt ha arrendado este espacio hasta la fecha en múltiples ocasiones confiando en que reunía las condiciones adecuadas para albergar sus eventos y, por supuesto, ignoraba las graves deficiencias técnicas y urbanísticas y, en consecuencia, de seguridad que tenía el recinto", señalaba el comunicado hecho público por la empresa de ambos.

Los hermanos se referían a las palabras de la concejal de Urbanismo, Paz González, que admitió que el Madrid Arena cumple la normativa, pero no la actual, que data de 2006, sino la de 2001, cuando se construyó. Un informe del propio departamento de Urbanismo recomendaba realizar mejoras en los pasillos de evacuación, como en el que se produjo la avalancha mortal, pero el Consistorio prefirió no hacer las obras.

El juez Eduardo López Palop requirió el pasado 8 de febrero al Ayuntamiento de Madrid la documentación sobre el acuerdo del Pleno posterior al año 2004, sustitutivo de la licencia de actividad y funcionamiento del Madrid Arena.