El PSC-PSOE afirma que la reforma de la administración local supone un "auténtico retroceso democrático"

Gregorio Medina, senador del PSC-PSOE por la isla de La Gomera, ha considerado que el anteproyecto de ley para la reforma de la administración local es un "auténtico retroceso democrático" que dejará a los ayuntamientos "sin capacidad para ejercer sus competencias y devuelve a España a los años setenta".
Gregorio Medina
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Gregorio Medina

Gregorio Medina, senador del PSC-PSOE por la isla de La Gomera, ha considerado que el anteproyecto de ley para la reforma de la administración local es un "auténtico retroceso democrático" que dejará a los ayuntamientos "sin capacidad para ejercer sus competencias y devuelve a España a los años setenta".

En una nota de prensa, el senador ha afirmado que este anteproyecto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, da a las diputaciones la "capacidad de decidir", mientras los alcaldes electos "quedan supeditados a la voluntad de la diputación, e incluso, a la del secretario o interventor del Consistorio".

Medina entiende que el Gobierno debe abrir un "amplio debate" sobre este anteproyecto que clarifique los esquemas de financiación municipal, las competencias, cómo se financiarán los servicios que asuman otras administraciones cuando procedan de los ayuntamientos y otras materias que, en principio, no están "nada aclaradas" en la iniciativa que ha sido aprobada.

El senador socialista ha señalado que los ayuntamientos se caracterizan por ser las administraciones "más cercanas al ciudadano y las que mejor conocen sus necesidades". Por ello, considera preciso lograr un consenso antes de adoptar medidas que afectan a "millones de personas que pueden ver mermados los servicios y las atenciones básicas y elementales".

Gregorio Medina admite que la reforma de la administración local es necesaria, pero partiendo de una estructura local que evite duplicidades y permita ahorrar sin perder eficacia, definiendo las competencias municipales y garantizando la financiación que permita ejercer esas competencias.

"Con el actual texto no se evitan duplicidades, ni se produce ahorro, ni se aclaran competencias municipales y mucho menos se garantiza su financiación; lo que se pretende es quitar competencias a los ayuntamientos como paso previo a la privatización de servicios como los de atención social", asegura Medina.

Reducción de concejales

La posición del PSOE respecto a la reducción de concejales que contempla el anteproyecto es contraria, ya que de los 8.116 ayuntamientos que tiene España, 6.850 tienen menos de 5.000 habitantes y en todos ellos los concejales no cobran o cobran muy poco, apuntó el senador socialista.

Desde su punto de vista, "la eliminación de concejales sólo provocará menos pluralidad y menos democracia en las instituciones, afectando a los grupos minoritarios en los plenos municipales y restando participación ciudadana".

Con respecto a las retribuciones, el senador cree que se deben aplicar principios como los de la homologación, poniendo topes a los salarios, regulando los que trabajan en exclusividad y las dietas de los que continúan ejerciendo su profesión, además de regular el régimen de incompatibilidades para garantizar el principio de un político un salario.

Gregorio Medina entiende que la reforma mantiene la coexistencia de cuatro tipos de entidades locales junto al municipio, que son las diputaciones provinciales, mancomunidades, comarcas y consorcios. "Por lo tanto, no existe ninguna simplificación en esta propuesta de estructura local que pueda producir ahorro y se mantiene de paso igualmente el solapamiento competencial", añadió.

En su opinión, "lejos de dar respuesta a la reivindicación histórica del municipalismo de que las competencias cuenten con la suficiente financiación, al final lo que se consigue con esta reforma es que las comunidades autónomas puedan decidir que un ayuntamiento ejerza una competencia sin dotarle de la financiación correspondiente".

Por todo ello, el senador gomero insta al Gobierno del Estado a que incorpore las especificidades que los ayuntamientos canarios necesitan en base a los acuerdos adoptados por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

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