El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga ha criticado las afirmaciones "ofensivas" contra la secretaria-interventora del Consorcio de Bomberos (CPB) de Málaga, a la que alude la auditoría sobre la gestión realizada en este organismo y que refleja "incumplimientos graves de las funciones que dicha funcionaria tiene reservadas por disposición legal".

La auditoría externa para conocer la gestión en el Consorcio Provincial de Bomberos (durante los años 2008, 2009, 2010 y hasta el 23 de junio de 2011, bajo el Gobierno de coalición entre PSOE e IU, señala que se ha cometido una falta "que conllevaría la interposición de sanciones como la separación del servicio de funcionarios, suspensión de sus funciones por seis años como máximo o traslado forzoso".

En este sentido, desde el Colegio han precisado, a través de un comunicado, que la funcionaria "no ostenta un cargo público de carácter político sino que es funcionaria por habilitación estatal". Así, han señalado que "para imputar algún tipo de responsabilidad a un funcionario ha de seguirse un cauce legal que no es la mera opinión del abogado encargado de la auditoría".

Además, han recordado que el control externo del sector público, "y el Consorcio de Bomberos lo es", se realiza mediante órganos de control que, a nivel andaluz, ha recordado, es la Cámara de Cuentas.