El GOB ha criticado que el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (Tirme) es una "estafa", dado que mientras los mallorquines "pagan 131,5 euros por tonelada incinerada, los residuos que vienen de fuera pagan cero euros por llevarlos a quemar aquí", por lo que los costes los "asumen" los ciudadanos, mientras que Tirme "gana vendiendo la electricidad que genera la incineración".

En un comunicado, el GOB ha recordado que cuando se conoció que Mallorca iba a importar residuos para ser incinerados en Son Reus, el principal argumento que se esgrimió fue la promesa de la bajada de tarifa, algo que "ha sido desmentido ya por Tirme en las pasadas semanas".

Así, ha censurado que la consellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Catalina Soler, "nos vendía que los residuos que traerían, convertidos en confeti inodoro e impoluto, se lo quitarían de las manos otros destinos con incineradoras". "Decían que nos pagaban por traerlo y quemarlo aquí y que de esto habíamos de estar contentos", ha indicado la organización ecologista.

De esta manera, ha señalado que empezaron diciendo que el precio fijado por Tirme para quemar estos residuos sería, según el Consell de Mallorca, de entre 70 y 80 euros por tonelada importada, si bien ahora resulta que Tirme "no cobra nada por eliminar estos residuos a sus "proveedores", por el momento de Sabadell, "sino que el único ingreso que tiene es la venta de energía eléctrica que producirá quemándolos".

"Es más, la operación tiene unos costes para Tirme de unos 20 euros por tonelada, entre las cuales se encuentran los gastos de las caracterizaciones por verificación de la calidad de los residuos de origen, los viajes y la dedicación del personal de Tirme y los costes de tratamiento (incineración y tratamiento de escorias y cenizas generadas en el proceso", ha detallado.

Aún así, el GOB ha destacado que la balanza de la operación, con la venta de energía eléctrica (cerca de 62euros/tonelada) todavía les sale positivo, si bien ha advertido de que "del beneficio neto que le representa la operación, que es de poco más de 40euros/tonelada sólo un 37% (16 euros/tonelada) se destina a compensar la subida de tarifa de Tirme, que incluye la amortización de las inversiones y el margen de beneficio". El resto, según ha apuntado, un 62% acaba engrosando los balances anuales de beneficios de la empresa, "siempre y cuando se importaran 200.000 toneladas".

Sin embargo, ha indicado que si sólo se importaran 100.000 toneladas, la repercusión sobre la tarifa sería de 8 euros/tonelada con el mismo beneficio neto para la empresa por tonelada importada.

Contrato "nefasto"

Por ello, el GOB ha acusado al alcalde de Palma, Mateu Isern, de hacer un contrato "nefasto" con Tirme, por lo que ha lamentado que haya unos políticos "irresponsables y una empresa que se ríe de los ciudadanos de Mallorca".

"A los mallorquines nos cobran el precio que quieren para asegurar la viabilidad de la incineradora y aumentan año tras año la tarifa", ha reprobado la organización ecologista, que ha señalado que "ahora, además, pagaremos los costes del tratamiento/incineración de los residuos que vengan de fuera".

Al mismo tiempo, ha criticado que los ciudadanos "asumen los perjuicios de la contaminación y los efectos sobre la salud pública y todo para que Tirme pueda vender electricidad y ganar más y más y más".

De esta manera, ha augurado que los beneficios de Tirme pueden multiplicarse por cuatro o por seis, razón por la cual, a su juicio, "les interesa más importar residuos y mantener los hornos a pleno rendimiento, antes que aumentar los porcentajes de reciclaje que en Mallorca, con datos de 2011 proporcionadas por el Consell de Mallorca, está en menos de un 16%, es decir, quemamos el 84% de los Residuos Sólidos Urbanos generados".

Por todos estos motivos, la organización ecologista estima que esto es un "escándalo", por lo que, a su entender, hay "suficientes motivos para romper la relación contractual con Tirme y rescatar la concesión".

En caso contrario, el GOB ha avisado de que el futuro de Mallorca "queda sometido al aumento constante e insaciable de un conglomerado de empresas constructoras y eléctricas que ganan dinero a expensas de la salud de los ciudadanos y de sus bolsillos, con la complicidad de unos políticos que queda claro que han olvidado que su objetivo debe ser velar y garantizar el interés público".

Amics de la terra pide evitar la importación de residuos

Por su parte, Amics de la Terra ha insistido en exigir al Consell de Mallorca que cierre de manera inmediata los dos hornos antiguos de la incineradora, lo que "ajustaría la capacidad de los hornos restantes a la realidad de los residuos originados en la isla, sin tener que importar residuos combustibles de fuera".

Como los dos hornos antiguos habrían terminado oficialmente "su vida útil" en el 2025, Amics de la Terra pide que se adelante esta fecha para así evitar la importación de residuos, de forma que "parte del coste de este cierre precoz lo asumiría la concesionaria Tirme, cuyos ingresos en 2011 se han incrementado un 22,5%, según su Informe de Sostenibilidad, a pesar de que la cantidad de residuos tratados durante este año se ha reducido un 1,8%".

"La importación no garantiza la congelación de las tarifas y solo parece ser un negocio para la empresa concesionaria", ha considerado, al tiempo que ha propuesto "quitar el extraño monopolio de los residuos concedido a esta empresa y dejar así abierta la posibilidad de otras iniciativas públicas y privadas".

Para Amics de la Terra, ello sería "factible" en el caso de la materia orgánica que se puede compostar fácilmente a escala local en plantas descentralizadas creando así puestos de trabajo. Finalmente, ha indicado que en este momento, Tirme "es el dueño de todos los residuos urbanos de Mallorca, por lo que tiene que dar su autorización a cualquier iniciativa que pretenda tratar los residuos fuera de Son Reus", lo que, según ha criticado, "imposibilita cualquier iniciativa local".

Cabe recordar que la consellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Catalina Soler, ha anunciado este jueves la paralización temporal de la importación de residuos desde la localidad catalana de Sabadell para ser incinerados en Son Reus, porque "no le sale las cuentas" a la institución insular, "tanto por los costes de la insularidad, como porque ha bajado la prima de las energías renovables".