La formación de grupos irregulares de autodefensa en México es un síntoma de la incapacidad del Estado para brindar seguridad, y conlleva el riesgo de que esas agrupaciones se radicalicen o deriven ellas mismas en organizaciones criminales, estimaron expertos.

"Hay diversas caras del mismo fenómeno. Una de ellas la constituyen las policías comunitarias, que surgen básicamente en medios rurales y no suelen contar con el apoyo de personas con mucho dinero", dijo recientemente Jorge Chabat, experto en seguridad nacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Otra de las caras es la de los grupos paramilitares como los colombianos, que son patrocinados por gente adinerada que busca protegerse, y una más es la que representan los linchamientos, en que las personas deciden hacer "justicia" por propia mano, explicó.

Finalmente, añadió, la manifestación más regulada es la de las compañías de seguridad privadas, que en principio están dentro del marco legal y sujetas a limitaciones.

"No pueden hacer detenciones como ciertos grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán, que están mucho menos regulados y se ubican en una zona gris entre lo legal y lo ilegal", indicó el también especialista en democracia y derechos humanos.

Ni el Gobierno federal ni las autoridades estatales tienen capacidad para controlarlos o dar la seguridad que estos grupos prometen, por lo que se da una "tolerancia de facto", apuntó.

Chabat consideró que "el Estado mexicano está un poco acorralado", pues por un lado no satisface la necesidad de protección de la ciudadanía y, por el otro, "no tiene capacidad real para prohibir estos grupos, ya que ello tendría un costo político".

Por su parte, las comunidades asoladas por el crimen tampoco tienen muchas opciones y "la gente desesperada se organiza como puede, obviamente con el riesgo de que se cometan abusos, porque (las organizaciones irregulares) no tienen ningún control".

El investigador reconoció que es comprensible que las comunidades busquen protegerse, pero advirtió que es posible que tales grupos deriven en organizaciones criminales. "Eso pasó con los paramilitares colombianos, que de la autodefensa se han convertido en agrupaciones dedicadas al narcotráfico, al secuestro", abundó.

"En el caso de los grupos de autodefensa de México no sé si vayan a seguir el mismo patrón, pero el riesgo está allí", acotó.

En el mismo sentido se pronunció el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien saludó el surgimiento de grupos "legítimos" ante la inoperancia del Estado, al tiempo que alertó el riesgo que supone la formación de "grupos que no son de autodefensa que pueden hacer mucho más daño al país".

En una manifestación de la peculiar relación del Estado con estos grupos, la recién surgida Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) entregó el viernes pasado a las autoridades 11 de los 54 presuntos delincuentes que ha retenido sin autorización judicial.

El líder de la UPOEG, Bruno Plácido, explicó esta semana que la entrega de los sospechosos para que sean juzgados por las autoridades competentes es una señal de diálogo para solucionar los problemas de las comunidades indígenas y "lograr el desarrollo". "El movimiento surge para prevenir el delito y evitar muertes, y nosotros planteamos abatir y erradicar la delincuencia desde su origen, que es la pobreza, y después restablecer el derecho que tienen los ciudadanos de recuperar la dignidad perdida", expuso.

Como parte del diálogo con los Gobiernos federal y estatal, se ha acordado instalar una mesa de recepción de proyectos productivos y de atención a las necesidades de las poblaciones indígenas bajo influencia de la UPOEG.

Al respecto, la coordinadora del Proyecto de Negociación y Mediación del CIDE, Luz Paula Parra, señaló que el riesgo es que una vez identificado el camino para recibir atención, grupos como la UPOEG pueden radicalizar sus acciones para entrar en pláticas donde el primer tema es la inyección de recursos. "Es una forma de cooptación", consideró.

"Cuanto más dura sea la violencia que ejercen, más capacidad tendrán de interlocución, y eso va contra el Estado de derecho", advirtió.

La experta llamó la atención sobre la confusión entre la UPOEG, que surgió en enero pasado, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero. La CRAC, que gestiona la Policía Comunitaria, funciona desde hace 17 años y trasciende el ámbito de la autodefensa para convertirse en un sistema de justicia y seguridad con base en los "usos y costumbres" indígenas, dentro del marco del Estado de derecho.

El problema de esta confusión, dijo, "es que está dando la excusa perfecta para la militarización en comunidades donde su presencia no genera seguridad, sino miedo por abusos cometidos en el pasado".

El otro gran problema, indicó, es que en la lógica de los movimientos irregulares "quienes estén mejor organizados o armados se podrán defender, y el tipo de seguridad que ofrezcan dependerá de los aliados que tengan, que pueden ser narcotraficantes o guerrilleros".

A su vez, "los menos organizados van a tener menos posibilidades de asegurarse en este sistema de selva", puntualizó.