La Diputación Provincial de Almería prevé aprobar este viernes en sesión plenaria llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral impulsado por la Junta de Andalucía al observar un "conflicto en defensa de la autonomía local", en concreto, a través de los artículos 2 y 3 de dicho decreto ley.

La propuesta, que ya ha sido aprobada ya por las diputaciones de Granada, Málaga y Cádiz, todas ellas gobernadas por el PP, pretende recurrir el decreto ley 5/2012, en vigor desde el 29 de noviembre de 2012, por el que se suspende la capacidad municipal para aprobar planes parciales y planes de sectorización en suelo urbanizable en una franja de 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar.

La iniciativa, que previsiblemente será aprobada al contar el grupo del PP de la Diputación con mayoría, ha sido rechazada por el PSOE, que ha pedido al presidente de la institución, Gabriel Amat (PP), que "dé un paso atrás" ya que "los alcaldes del PP, es decir, de su mismo partido, manifestaron en su día su conformidad con el texto y llegaron a felicitar a la Junta de Andalucía por la iniciativa", según se ha referido.

La portavoz socialista, que espera que el punto se deje encima de la mesa, cree que, "en esta lucha que ha emprendido, el presidente de la Diputación está absolutamente solo" y le ha reprochado que "intente utilizar una vez más la institución provincial para iniciar una guerra que sólo le beneficia a él y, en todo caso, a su partido".

Para la socialista, los argumentos que esgrime el PP son "inconsistentes" hasta el punto de que "no es cierto" que el decreto ley obligue a todos los municipios a adaptarse al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en un plazo de ocho años.