La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha recordado este jueves, preguntada por la querella presentada por la Assemblea per les Llibertats i contra la Represió contra ella por los acontecimientos de la Primavera Valenciana, que damandas anteriores por el mismo asunto han sido archivadas o no admitidas, al tiempo que ha dicho que espera que "siga imperando el raciocinio".

Sánchez de León ha realizado estas declaraciones tras visitar la playa de La Garrofera, en la pedanía valenciana de El Saler, para comprobar los trabajos de regeneración tras el varado de los barcos Celia y BSLE Sunrise el pasado mes de septiembre. La querella alcanza también al entonces jefe de la Policía, Antonio Moreno, y alrededor de un centenar de agentes.

"El único conocimiento que tengo es que la iban a presentar", ha indicado la delegada respecto a la querella. Tras ello, ha considerado que "todo el mundo está en su derecho de ejercitar las acciones judiciales que estime convenientes".

Asimismo, ha apuntado que había una querella "presentada por lo mismo" que "ha sido archivada, tanto por el juzgado como por la Audiencia Provincial" y "ni siquiera admitida a tramite". "Espero que siga imperando el raciocinio", ha agregado Paula Sánchez de León.

Por otro lado, fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han comentado a Europa Press, respecto a las sanciones impuestas por la Policía Nacional en los actos de la Primavera Valenciana que éstas se establecieron siguiendo "lo dispuesto en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana".

En concreto, atendiendo a lo recogido en el artículo 23D, sobre la "negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público" y en el 23N, respecto a "originar desórdenes graves en las vías o espacios o establecimientos públicos". En ambos casos, ha precisado la Delegación del Gobierno, son "infracciones administrativas graves" y para ellas "se impone la cuantía mínima".

En el caso de los mayores de edad, ésta es de 300 euros; mientras que entre los 16 y los 18 años, es de 200 euros, y entre los 14 y los 16 años, de 100 euros". Esta institución ha comentado que de sanciones impuestas en este caso, 232, un total de 171 son de mayores de edad.

Asimismo, ha matizado que 145 han interpuesto recurso de alzada que ha de ser resuelto por la Secretaría de Estado de Seguridad; que 47 están en periodo de pago voluntario; que 31 permanecen sin recurrir y sin pagar —Delegación de Gobierno ha señalado que ha pasado el plazo de presentación de recurso y de pago voluntario y que la sanción se tendrá que ejecutar a través de Hacienda—. Además, del total, 9 han pagado.