El diputado del PP-A Rafael Ruiz Cantos le ha trasladado a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que su formación va a ampliar el recurso presentado al Tribunal Constitucional (TC) por la reordenación del sector público llevada a cabo por la Administración andaluza, incluyéndole todas las sentencias ya emitidas "en contra" de este procedimiento.

Ruiz Cantos, a través de una pregunta oral formulada a la consejera en el Pleno del Parlamento, ha asegurado que son diversas las sentencias en las que se anulan los protocolos de integración en empresas públicas y que en alguna de ellas se dice "abiertamente" que la Junta ha evitado los principios de acceso a la administración pública, con una "huida" del derecho administrativo y un "desprecio" del estado de derecho.

"Se han vulnerando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos", ha afirmado el diputado del PP-A, quien ha acusado a la Junta de mantener "chiringuitos" en el sector público "con unos cimientos podridos que huelen mal". "Cumplan con las sentencias emitidas por la justicia y den la cara ante los ciudadanos", ha demandado Ruiz Cantos.

En respuesta a la pregunta formulada, Martínez Aguayo ha pedido a los 'populares' que no "distorsionen" la realidad porque los fallos judiciales que se han producido en relación al sector público tienen un "efecto limitado" y, en ningún caso, se ha invalidado el proceso de reordenación del sector público.

"El TSJA reconoce la competencia exclusiva de la Junta para abordar la reordenación y ratifica que no hubo vulneración alguna del derecho a la negociación colectiva laboral ni efecto personal discriminatorio contrario al derecho a la igualdad ni al acceso al sector público", ha explicado la consejera del ramo.

Martínez Aguayo, que ha insistido en la legalidad de este modelo, ha indicado que ha permitido un ahorro de más de 200 millones, superior a los objetivos inicialmente previstos de 118 millones, y una supresión operativa de 117 entes instrumentales.

"Ya sé que el PP habría optado por otro modelo de reordenación, un modelo que hubiera consistido en despedir a trabajadores públicos y que ya se aplica en la Comunidad Valenciana, con un despido de entre el 40 y el 50 por ciento de la plantilla", ha señalado la consejera, quien ha insistido en que ése no es el modelo del Gobierno andaluz.