La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apelado este jueves a la "sensibilidad" de todos los grupos presentes en el Congreso de los Diputados para que voten a favor de la convalidación del decreto ley que prorroga el Plan Prepara e incorpora su renovación automática cada seis meses mientras el paro no baje del 20%.

"Espero del apoyo de la sensibilidad de todos los grupos, porque estamos haciendo posible que los que peor lo están pasando, los más vulnerables, tengan la protección social que merecen hasta que vuelva el crecimiento económico y la creación de empleo que todos deseamos", ha dicho la ministra.

Además, ha defendido que este tipo de programas funcionan "en paralelo" a las reformas estructurales que está poniendo en marcha el Gobierno, y que "servirán para impulsar la recuperación económica y el empleo" a la par que se da "respuesta y se palian los efectos más inmediatos del desempleo". "Mientras las reformas estructurales consolidan sus resultados hay que contar con instrumentos con un impacto más inmediato", ha insistido.

Plan prepara

En este contexto se enmarca la renovación del Plan Prepara, que "en esta ocasión prevé una continuidad mientras permanezcan las circunstancias que lo justifican". "Es un paso adicional a la prórroga de agosto, que ya incluyó mejoras para incrementar su eficacia, como mecanismos de inserción en el mercado, y para proteger a los ciudadanos en condiciones objetivas más vulnerables", ha defendido Báñez.

Además, ha justificado que ahora se establezca un umbral por encima del cual se prorrogará de forma automática este plan, decisión que se toma tras "constatarse que la economía acumula cinco trimestres de crecimiento negativo y el paro supera el 26%".

No obstante, ha asegurado que "algo empieza a cambiar en el mercado de trabajo y hay algunos elementos esperanzadores" aunque la tasa de paro siga siendo "inaceptable". "Los datos son contundentes: pese a las grandes cifras de desempleo, el ritmo de destrucción se está desacelerando en un contexto de dura recesión económica. En el segundo peor año de recesión de la crisis se destruye menos empleo que en 2011", ha asegurado.

Así, ha señalado que los parados se han incrementado en 275.000 personas desde julio 2012 hasta finales de ese año, frente a los casi 440.000 puestos de trabajo que se perdieron en el mismo periodo de 2011. Y eso pese a que el año pasado se concatenaron dos trimestres de recesión. Además, mientras entre 2008 y 2011 se destruyeron 625.000 empleos autónomos en 2012 "por primera vez desde el inicio de la crisis" este tipo de empleo ha aumentado en 53.500 personas. "Son mejores resultados en peor escenario económico", ha insistido.

"Algo está cambiando. No estamos evidentemente satisfechos, no lo podemos estar con esas tasas tan altas de desempleo, pero nuestra obligación es hablar con datos contundentes y claros", ha dicho la ministra, subrayando que se mantienen las mismas condiciones que se establecieron en agosto y se logra una "mayor seguridad jurídica" al vincular la continuidad del programa con "un indicador objetivo".

Menos peonadas en andalucía y extremadura

Por otra parte, el decreto también reduce de 35 a 20 las peonadas mínimas necesarias para poder acceder al subsidio y la renta agraria de los trabajadores eventuales de la aceituna en Andalucía y Extremadura, donde la producción se ha reducido un 60% según los datos del Ministerio de Agricultura.

En este sentido, Báñez ha defendido que la decisión no se ha tomado hasta que se ha contado con datos para "objetivar" la percepción de que la cosecha había ido mal. Además, ha asegurado que esta decisión es "fruto del análisis llevado a cabo en sucesivas reuniones con las asociaciones agrarias y sindicatos". "Con esta medida ningún trabajador del campo andaluz o extremeño se quedará sin percibir su derecho al subsidio o la renta agraria", ha asegurado.

Por último, la norma prevé otras medidas como el mantenimiento de derecho a prestaciones para los trabajadores que han visto extinguido su contrato por acuerdos de flexibilidad interna, con el objetivo de "establecer incentivos claros al uso de medidas de flexibilidad como alternativa al despido".

Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo para formalizar contratos de formación y aprendizaje no vinculados a títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad.