Más de 50.000 personas firman para pedir la dimisión de la fiscal del caso Aaron Swartz

La iniciativa para pedir la dimisión de la juez de distrito Carmen Ortiz, responsable del caso contra el programador Aaron Swartz, ha sumado las firmas necesarias para su tramitación por parte del Gobierno de Estados Unidos. En total 52.634 personas han firmado en menos de un mes para apoyar la petición.

Aaron Swartz, creador de la primera versión del sistema RSS y conocido activista de Internet, se suicidó el pasado 11 de enero antes de afrontar un juicio en el que se exponía a una importante pena de cárcel y al pago de una indemnización. En concreto, la fiscal de distrito de Massachusetts, Carmen Ortiz, acusaba a Swartz de haber robado millones de artículos académicos y revistas de un archivo digital, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Personas cercanas a Aaron Swartz manifestaron tras el suicidio del joven críticas contra la actuación de la fiscal. Usuarios de Internet y personas relacionadas con el joven han acusado directamente a la fiscal de haber llevado hasta el extremo la situación de Swartz.

Ante tales acusaciones, se inició en enero una campaña para solicitar la dimisión o el despido de la fiscal Carmen Ortiz. La iniciativa se planteó a través de We the People, página oficial del Gobierno de Estados Unidos en la que los ciudadanos pueden exponer sus peticiones. Para que el Gobierno tramite y estudie dichas peticiones, se exigen un mínimo de apoyo social, que se traduce en la recolección de firmas.

En el caso de la petición de despido contra Carmen Ortiz, se necesitaban 25.000 firmas para su tramitación. Como se puede ver en la página de la iniciativa, dicha cifra se ha superado por más del doble: se han recolectado 52.634 firmas.

En la descripción de la iniciativa que se explica que ya no es posible hacer nada por la vida de Aaron Swartz, pero sí se pueden exigir responsabilidades. Los responsables de la petición de firmas consideran que la fiscal debe dimitir por acosar y amenazar a Swartz en virtud de su posición.

Una vez conseguido el registro de firmas necesarios, el Gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de analizar el caso y dar una respuesta a los usuarios.