El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la prórroga de la ayuda de 400 euros para parados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha defendido previamente desde la tribuna el texto del decreto ley del Plan Prepara, que ha recibido los votos a favor de PP, CiU, PNV, UPyD y el diputado de Foro Asturias, en tanto que el PSOE, que no había concretado su posición, finalmente ha votado en contra ya que el decreto no se tramitará como proyecto de ley.

La oposición había pedido que se tramitara como proyecto de ley para así poder introducir cambios en el texto del decreto. La Izquierda Plural y los partidos del Grupo Mixto Geroa Bai, Compromis, CC, BNG, ERC y Amaiur, que habían supeditado su intención de voto a dicha tramitación, definitivamente no han apoyado la convalidación.

La mayoría del PP en la Cámara Baja ha impedido que se tramite como proyecto de ley, cuya votación se ha saldado con 175 votos en contra, 154 a favor y ninguna abstención. La convalidación ha tenido 202 votos a favor, 123 en contra y cuatro abstenciones

La ayuda se renovará de forma automática cada seis meses mientras el paro siga superando el 20%. El Plan Prepara se prorroga hasta el 15 de agosto en las mismas condiciones que se fijaron el pasado verano, y además se establece que la financiación del coste de este programa vaya con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Antes de la votación, la ministra Báñez apeló a la "sensibilidad" de todos los grupos presentes para que votaran a favor de la convalidación.

"Espero del apoyo de la sensibilidad de todos los grupos, porque estamos haciendo posible que los que peor lo están pasando, los más vulnerables, tengan la protección social que merecen hasta que vuelva el crecimiento económico y la creación de empleo que todos deseamos", dijo.

Además, defendió que este tipo de programas funcionan "en paralelo" a las reformas estructurales que está poniendo en marcha el Gobierno, y que "servirán para impulsar la recuperación económica y el empleo" a la par que se da "respuesta y se palian los efectos más inmediatos del desempleo".

"Mientras las reformas estructurales consolidan sus resultados hay que contar con instrumentos con un impacto más inmediato", insistió. La ministra justificó que ahora se establezca un umbral por encima del cual se prorrogará de forma automática este plan, decisión que se toma tras "constatarse que la economía acumula cinco trimestres de crecimiento negativo y el paro supera el 26%".

No obstante, aseguró que "algo empieza a cambiar en el mercado de trabajo y hay algunos elementos esperanzadores" aunque la tasa de paro siga siendo "inaceptable". Así, señaló que los parados se han incrementado en 275.000 personas desde julio 2012 hasta finales de ese año, frente a los casi 440.000 puestos de trabajo que se perdieron en el mismo periodo de 2011.

Y eso pese a que el año pasado se concatenaron dos trimestres de recesión. Además, mientras entre 2008 y 2011 se destruyeron 625.000 empleos autónomos en 2012 "por primera vez desde el inicio de la crisis" este tipo de empleo ha aumentado en 53.500 personas. "Son mejores resultados en peor escenario económico", insistió.

El decreto ley incluye asimismo cambios en el acceso al subsidio por desempleo o la renta agraria para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, que se han visto afectados por el descenso de producción del olivar a consecuencia de la sequía. El Gobierno ha decidido por ello reducir de 35 a 20 las jornadas mínimas cotizadas que son necesarias para poder acceder a este subsidio.

Además, se prevé que se puedan beneficiar de esta medida los trabajadores que hubieran presentado la solicitud del subsidio o de la renta agraria a partir del 1 de septiembre, aunque para ello deberán presentar un nuevo escrito.

Finalmente, el texto incorpora cambios en la reposición de la duración del derecho a la prestación contributiva por desempleo, al ampliarse en un año el plazo para los trabajadores afectados por expedientes de suspensión de contratos (hasta el 31 de diciembre de 2013) y de reducción de jornada (hasta el 31 de diciembre de 2014).

También se amplía hasta fin de año el plazo para efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación, una modalidad de contratación que fue introducida con la reforma laboral y que debía expirar el 12 de febrero.