La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago retroactiva, desahucios y alquiler social que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sacó adelante con 1,4 millones de firmas dejó de existir como texto independiente el pasado mes de abril.

Tras la toma en consideración de esta iniciativa por el Congreso de los Diputados —el mismo día que se tomó en consideración la ILP para que los toros sean declarados bien de interés cultural—, el PP decidió fusionarla con el proyecto de ley antidesahucios del Gobierno, a pesar de las reticencias de otros grupos.

A este texto conjunto, además, se han incorporado varias enmiendas. La Mesa del Congreso rechazó en su día, además, un debate en el pleno de la Cámara, por lo que la Comisión de Economía, con competencia legislativa plena, aprobará y remitirá este jueves al Senado el llamado proyecto de ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, previsiblemente con toda la oposición en contra.

En el Senado, será tramitado también por el procedimiento de urgencia y se aprobará, según los plazos que se manejan, en el mes de mayo. En el caso de que la Cámara Alta incorporara cambios, entonces deberá regresar al Congreso y volver a ser debatido en Pleno. Si no, se publicará directamente en el BOE. ¿Qué queda entonces de la ILP inicial? ¿A qué obstáculos se enfrentan este tipo de iniciativas?

Hay una "perversión" en la tramitación de las ILP, explica a 20minutos.es Javier Lorenzo Rodríguez, doctor y profesor del Departamento de Ciencia Política de la UC3M, porque al final, en su opinión, se "partidizan".

Se trata de un "juego maquiavélico", porque el camino que tienen los ciudadanos para participar en la tarea legislativa es doble, pero siempre tiene que pasar por los partidos, que son los que "pivotan" la acción: en primer lugar, se puede acudir a un grupo y que él eleve, asumiéndola, la propuesta en cuestión; o bien, se pueden recoger firmas y presentar una ILP, que en cuanto es admitida a trámite es sometida, inevitablemente, a la negociación entre partidos.

La "formalidad de la Cámara" dice que en la tramitación y en la 'cocina' de las propuestas no participan los que las presentaron, y eso corrompe, por así decirlo, su esencia. Si el pleno acepta la tramitación de una ILP, ésta va a comisión y allí se enmienda, se cambia. Uno de los aspectos fundamentales de una ILP, además, es que la gente firma "un texto cerrado", que después puede cambiar en el Congreso a merced de los partidos.

Aquellos que presentan una ILP, cree Lorenzo, deberían tener "mas voz" para defenderla y negociarla en el Congreso. Aunque eso tendría una contrapartida: habría que elegir a esa persona o personas que tendrían que ir a la Cámara a negociar, plantea. ¿Cómo hacerlo? ¿A la vez que la recogida de firmas? ¿Acabaríamos votando de la misma forma que se hace en unas elecciones? La cuestión de la representatividad sale a flote.

La ILP sobre la dación en pago de la PAH consiguió 1,4 millones de firmas. ¿Son representativas? Teniendo en cuenta que los ciudadanos hablan en las urnas y aceptan un sistema democrático parlamentario, partidista, en el que el partido más votado, y que por tanto representa a la mayoría de los españoles, obtuvo 10,8 millones de votos, podría parecer que no.

Algunas formaciones, o incluso algunos ciudadanos ajenos a las ILP, pueden pensar que 1,4 millones de personas suponen una minoría comparada con la representatividad del parlamento, y que no sería admisible que una minoría impusiera sus tesis al resto, sobre todo si plantean que un texto cerrado permanezca inalterable a su paso por el Congreso.

De hecho, en su día, cuando se elaboró la ley —recuerda Lorenzo—, "hubo miedos" a que se pudiera volver en contra del sistema; en el año 84, cuando se aprobó la norma, la capacidad para recoger 500.000 firmas en la calle, por el despliegue que implicaba, solo estaba al alcance de ciertos colectivos, como los sindicatos. "Ahora con las nuevas tecnologías esto ha cambiado", señala.

Que los avales de una ILP no parezcan representativos no significa, en cualquier caso, "que no se respete" a esas minorías; y sobre todo no significa que no se escuche lo que tiene que decir la ciudadanía. Hay cierta sensación de "impunidad" respecto a las ILP, dice Lorenzo, un mecanismo que se creó para que la gente "pudiera participar" en el proceso legislativo pero que a efectos prácticos no puede "exigir" a los políticos que hablen de un asunto.

En otros países europeos también existe el sistema de iniciativas populares, aunque su grado de vinculación, respaldo, restricción o efectividad oscila en función de las normativas nacionales.

Desde 1983 y hasta el final de la IX legislatura se presentaron 66 ILP en el Congreso y todas se tumbaron, por inadmisión o rechazo. La única excepción –si acaso parcial– se produjo con la iniciativa de 1997 de proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias, ya que parte de la propuesta fue "subsumida" en la reforma de ley de propiedad horizontal de 1999.

El sistema, parece, no es el más efectivo, pero podría haber alternativas plausibles para mejorar la participación ciudadana en la vida política española, explica Lorenzo, que propone algunas hipótesis: