La mayoría del PP en la Cámara gallega ha impedido la aprobación, a instancias del PSdeG, de un impuesto sobre los depósitos bancarios para lograr "unos 50 millones de euros" adicionales para las arcas públicas. El portavoz popular, Pedro Puy, ha alegado que este tributo es competencia del Estado, al tiempo que ha advertido de que su pago podría repercutir en los clientes, en el personal y hasta en las propias entidades.

Es lo que ha dicho el diputado popular después de que el portavoz de Economía del Grupo Socialista, Juan Carlos González Santín, defendiese ante el pleno del Parlamento autonómico que la banca, por ser "una de las responsables" de la actual crisis económica, "debe ahora ayudar a la recuperación". "No se puede pedir esfuerzos a los trabajadores públicos, pero no a la banca", ha reivindicado.

Por eso, ha pedido la puesta en marcha de un nuevo gravamen sobre los depósitos bancarios que no pueda repercutir sobre los clientes, al igual que tienen desde hace años comunidades como Andalucía o Extremadura. "Y una sentencia reciente del Tribunal Constitucional lo avala", ha subrayado, en relación con la ley extremeña que fija un impuesto "idéntico" al propuesto hoy por su partido, con el respaldo de AGE y BNG.

Enfrente, Puy Fraga ha señalado que, tras conocer el fallo sobre este impuesto, otras comunidades intentaron preparar leyes similares "pensando que el Estado tendría que asumirlo", pero éste "reaccionó regulando el tributo". "Fueron elegidos por los gallegos y su trabajo es que los gallegos vivan mejor", le ha espetado Santín, para demandar al PP que "no se conforme" y recurra la decisión del Estado de "legislar en fraude de ley".

En cuanto a la posibilidad expresada por el popular de que el pago de este impuesto pueda cargarse sobre los clientes o conlleve despidos y cierre de oficinas, el socialista ha asegurado que no ocurrió en las demás comunidades que lo aplican. Lo que sí ha admitido es que "afectará al capital y a los accionistas", que verán reducidas sus ganancias, y ha instado a Puy a "explicar por qué no está de acuerdo en que les afecte".

Prejuicio a novagalicia

A este respecto, el diputado popular ha apuntado que Novagalicia Banco tiene "el 40 por ciento" de los depósitos bancarios de Galicia y ha recordado que esta entidad está ahora "trabajando por su viabilidad". Y, a su juicio, este gravamen motivará "que se reduzcan los depósitos" por la repercusión en los clientes, de modo que el banco deberá incrementar la búsqueda de "financiación mayorista", que ahora pretende minimizar.

En este escenario, ha alertado de que las dificultades de "recapitalizarse" de la entidad ya nacionalizada como consecuencia de la aplicación de esta tasa "conllevarían una restricción del crédito a familias y pequeñas y medianas empresas". Por ello, ha juzgado "más lógico" subir un 20 por ciento el impuesto sobre el patrimonio, como han acordado su grupo y el PSdeG.

Age ve "un escándalo" que lo pida la oposición

En su turno de posicionamiento, el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha expresado su concordancia con este nuevo tributo y ha considerado "de escándalo que tenga que ser la oposición" la que plantee medidas para dotar de más recursos al Gobierno, tras ser advertido de que debía centrarse en el debate.

Después de aludir a la fecha de hoy para considerado el Pazo do Hórreo "la máxima representación del Carnaval", ha recurrido al "esperpento" para subrayar que se trata de "la mejor manera de representar lo grotesco". Por ejemplo, ha ironizado con la posibilidad de "representar una obra de teatro" entre los parlamentarios.

"Pero no 'Los borbones en pelota", ha recalcado, en referencia a un álbum de láminas satíricas del siglo XIX que había mencionado en su intervención, toda vez que "a Benedicto XVI le podría dar un síncope". "En vez de renunciar, desaparecería del mundo", ha concluido.

"lesivo" para galicia

Finalmente, el portavoz del BNG en la materia, Carlos Aymerich, ha coincidido con la propuesta legislativa de los socialistas, sobre todo, a la vista de que el reparto en el sistema de financiación autonómica es "lesivo" para Galicia mientras "favorece" a otras comunidades con recursos procedentes de la tributación de los gallegos.

"La línea es que cada uno mire por sí; es lo que pedimos ahora", ha requerido el nacionalista, y ha apelado al constante incremento de la deuda autonómica —que cifró en 11.500 millones de euros— para pedir este nuevo gravamen, ya que, de lo contrario, la deuda deberá ser afrontada por "los gallegos con nuevos recortes".

Al respecto, ha lamentado la subida de impuestos indirectos y tasas pese al recurso a la deuda, que ha atribuido a que "no se sabe qué hicieron" en la Xunta con el dinero. "Estará en sobres o libretas", ha ironizado, para, anticipando la negativa del PP a la creación de este impuesto, recordar a la bancada popular que su 'número dos', Dolores de Cospedal, ya admitió que "rectificar es de sabios".

Comisión de cuestiones europeas

Al margen de ello, los cuatro grupos con representación parlamentaria han aprobado por asentimiento la creación de una Comisión Permanente no Legislativa para Asuntos Europeos con el objetivo de "fijar" la posición de la Cámara con respecto a los asuntos comunitarios.

Este órgano parlamentario se encargará de formular preguntas al Gobierno gallego sobre los programas de trabajo, las previsiones plurianuales, los documentos y las "grandes directrices políticas" de la UE que pudieran afectar a Galicia.

Por ello, podrá solicitar información al Gobierno gallego en materias debatidas en el Comité de las Regiones y en la conferencia de órganos especializados en los asuntos comunitarios, así como en los asuntos sometidos a la Conferencia sectorial relacionadas con las comunidades o que les afecten.

Además, esta comisión con carácter no legislativo se interesará por la situación de la transposición de directivas y ejecución de las decisiones y de los reglamentos comunitarios de ámbito multidepartamental que atañen a las competencias jurídicas de Galicia.

También podrá evaluar los expedientes de la Comisión Europea contra el Reino de España tanto por acciones como por omisiones de la Comunidad gallega en materias de su competencia.