El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha presentado a las empresas eólicas las líneas estratégicas del anteproyecto de Ley que regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma. La nueva regulación "deja sin efecto" las asignaciones surgidas del concurso eólico convocado en 2009, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

El anteproyecto de ley establece "un nuevo régimen jurídico" para la instalación de parques eólicos e introduce la "necesaria seguridad jurídica" a la situación actual de la asignación de potencia.

Así lo señala el Gobierno en un comunicado de prensa en el que destaca que, con esta norma el Ejecutivo hace frente a la situación de "incertidumbre jurídica" generada tras el concurso eólico y por la gestión del Ejecutivo anterior, que "tardó ocho años en elaborar un plan y un concurso del que no se ha visto ni un solo aerogenerador y que lo único que ha hecho es crear unos derechos a los adjudicatarios que deberán pagar los cántabros".

El Gobierno explica que se ha trabajado durante un año y medio, frente a ocho años de "fracasada gestión", en dos líneas paralelas. Por un lado, en la elaboración del Plan de Sostenibilidad Energética 2011-2020, presentado en abril de 2012 y que está en tramitación. El Plan establece una potencia eólica de 707 megavatios y la instalación de 246 aerogeneradores, 107 menos que los previstos en el primer plan.

A la par, el Ejecutivo regional ha estado elaborando este anteproyecto de Ley que ve la luz "sólo tres meses después" del pronunciamiento de los tribunales de justicia. De esta forma, el Gobierno de Cantabria, explica su presidente, Ignacio Diego, "ejerce su responsabilidad y cumple sus compromisos en plazo".

El anteproyecto de Ley que ha elaborado el Gobierno deja sin efecto las asignaciones surgidas del concurso eólico convocado en 2009. De esta forma, se trata de "paliar la situación de incertidumbre" tras la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló el concurso del Gobierno anterior.

El presidente Diego ha destacado que, con la presentación de esta norma, se da cumplimiento al compromiso que él mismo hizo públicamente el pasado mes de noviembre de tener aprobada para la primavera una herramienta legal que ordena "el futuro del sector eólico en esta región", que da "seguridad jurídica" al desarrollo de esta energía de una manera -ha dicho- "perfectamente ordenada y consensuada con los agentes del sector".

El presidente del Gobierno ha añadido que esta herramienta legal permite a Cantabria "avanzar sobre cimientos sólidos" y sobre una estructura "muy clara y muy transparente" para alcanzar el "deseable impulso de la energía eólica en la región".

Asociación eólica

El Gobierno ha informado de la reunión de Diego con la Asociación Eólica a posteriori, a través de un comunicado en el que afirma que el presidente de dicha asociación, Manuel Huerta, "ha expresado su satisfacción por el cumplimiento de los plazos comprometidos por el presidente Diego" para elaborar esta Ley, un texto que la asociación va a examinar para trasladar su opinión al Gobierno con "la mayor agilidad".

El Ejecutivo añade que Huerta ha reiterado su "disposición de colaboración y de aportar experiencia y conocimiento del sector", y que también ha destacado "la importancia de la seguridad jurídica que añade la nueva norma para que no se vuelva a entorpecer el desarrollo eólico en la región".

Nuevo régimen jurídico

El anteproyecto presentado a las empresas eólicas de la Comunidad contempla un nuevo régimen jurídico para la construcción, explotación, ampliación, modificación, transmisión y cierre de parques eólicos y regula las autorizaciones a obtener. Además, especifica que no pueden aprobarse estas instalaciones en las zonas excluidas por la planificación energética de Cantabria.

En este sentido, las mayores novedades que plantea la norma son las relativas a la construcción y ampliación de un parque eólico, para lo que será necesario autorización administrativa previa, autorización administrativa, y aprobación del proyecto de ejecución y acta de puesta de servicio.

Según explica el Gobierno, el "punto novedoso principal" está en la regulación administrativa previa, de manera que el promotor que quiera instalar un parque eólico en Cantabria presentará ante Industria su solicitud, exigiendo a las empresas que opten capacidad técnica y económica suficientes para el desarrollo posterior.

Dicha solicitud se someterá a información pública durante 30 días para que cualquiera pueda presentar solicitudes en competencia. Será una Comisión de Valoración la que proponga, con base a unos criterios objetivos, cuál es la mejor solicitud.

La regulación que la Ley realiza de este sistema ofrece, según palabras del presidente Diego, "muchas ventajas" frente a un concurso que afecta a toda la Comunidad Autónoma, tales como "no supeditar todo el desarrollo eólico a un único concurso", una "mayor celeridad" en la tramitación, un "análisis individualizado de cada uno de los parques eólicos que se soliciten", y la selección de la mejor propuesta mediante "criterios objetivos y fácilmente cuantificables".

Dentro de los criterios objetivos a tener en cuenta en la selección de los proyectos, destaca la posibilidad de valorar la aportación económica que hagan los solicitantes con destino al Fondo para la Compensación Ambiental y la Mejora Energética que prevé el anteproyecto de Ley.

El Fondo se nutrirá tanto de las aportaciones económicas que los promotores de los parques eólicos ofrezcan durante el proceso de concurrencia, como del canon eólico que contempla la citada norma.