El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, Antonio Gómez, ha explicado que el Consejo de Administración de Mercasantander decidió no aceptar la cancelación de la deuda contraída por la exgerente con la entrega de sus bienes "en un ejercicio de responsabilidad".

Gómez ha hecho estas afirmaciones en respuesta a la portavoz socialista, Judith Pérez, que ha pedido que se aclare si son ciertas las afirmaciones del exmarido de la exgerente de que la empresa pública rechazó en múltiples ocasiones resarcir la deuda.

En un comunicado, el portavoz municipal, que ha calificado de "deleznable" la "defensa" que a su juicio el PSOE hace de la "autora confesa" del desfalco en, ha explicado que, como empresa pública "no hubiera sido aconsejable", tanto desde el punto de vista jurídico como ético, que Mercasantander "se hubiera dedicado a vender inmuebles y vehículos con el fin de convertir estos bienes en dinero líquido para resarcir del desfalco cometido por la acusada".

Gómez hizo hincapié en que asumir el pago implicaba, además, admitir que el daño causado a la sociedad quedaba "totalmente resarcido", incluso sin conocerse, en ese momento todavía, el importe total de la deuda contraída por la exgerente.

El portavoz recalcó que la aceptación de los bienes de la acusada implicaba que Mercasantander se hubiese hecho cargo de créditos hipotecarios por valor de 600.000 euros, lo que implicaba un desembolso mensual de las cuotas que la sociedad "difícilmente podía soportar". Asimismo, subrayó que la empresa pública hubiera tenido que hacerse cargo del cuidado y mantenimiento de los inmuebles hasta el momento de su posible venta.

Gómez recordó a la portavoz socialista que el tiempo ha confirmado que la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Mercasantander, por unanimidad y en base a los informes jurídicos de los abogados del Estado de Mercasa y la defensa jurídica de Santander, fue "acertada", ya que tanto la vivienda de la urbanización La Mina -adquirida por el suegro del abogado de la autora confesa del desfalco de Mercasantander- como la de Brañavieja -adquirida por su propio abogado- fueron compradas por un valor de subasta inferior, incluso, a la hipoteca que tenían pendiente.

Por ello, lamenta la "falta de respeto" de los socialistas santanderinos al proceso judicial abierto por este caso y recalca que las decisiones "las toman los jueces", por lo que pide al PSOE que "respete" los procedimientos y evite hacer "juicios paralelos", en base a las declaraciones realizadas por personas imputadas en el proceso.

Gómez incidió en que todas las decisiones de Mercasantander se adoptan, de forma unánime, por su Consejo de Administración en el que el 49% del accionariado está en manos de la Empresa Nacional Mercasa, dirigida durante las dos últimas legislaturas por el PSOE.

Por ello, recomendó a Pérez que "pida explicaciones" de los acuerdos adoptados a los consejeros que el Ministerio de Industria del anterior gobierno socialista nombró a través de Mercasa o al ex concejal de su partido que formó parte del mismo durante los años en los que se cometió el desfalco.

Recordó, sin embargo, que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, no formaba parte del Consejo de Administración de la empresa pública cuando se produjo la estafa de más de 800.000 euros, pero fue quien "nada más acceder al cargo" y descubrirse unos hechos presuntamente delictivos, quien dio instrucciones para que se pusiera en conocimiento de la Fiscalía.