Los pisos de protección oficial vacíos en Catalunya se han casi duplicado en los últimos meses. ¿El motivo? Que las personas que vivían en estos inmuebles no podían pagar la hipoteca o el alquiler. En los últimos años se había logrado disminuir el parque público sin adjudicatario, pero la falta de empleo y de recursos hicieron que los pisos vacíos hayan vuelto a aumentar. La mayor parte de ellos estaban ocupados por jóvenes, que han vuelto a casa de sus padres.

Según el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en verano Catalunya contaba con cerca de 800 pisos protegidos vacíos. Una cifra que, en enero, ya se había prácticamente doblado, hasta llegar a los 1.500. En una comparecencia en el Parlament, Vila atribuyó este incremento al hecho de que los jóvenes no puedan hacer frente al pago de las cuotas pactadas. En muchos casos, los inquilinos han vuelto a vivir con sus padres.

La Generalitat puso en marcha un plan de choque el año 2011, por el que se sacó al mercado el 90% de los 3.264 pisos sociales vacíos que había en aquel momento en Catalunya. Así, el pasado mes de agosto se había logrado reducir la cifra a solo 800 inmuebles sin adjudicar.

Para hacer frente a la situación, Vila anunció que se impulsará el Pla del Dret a l'Habitatge. Como líneas de actuación futuras, el Departament de Territori i Sostenibilitat se ha propuesto expandir al resto del territorio catalán el servicio de mediación Ofideute, que negocia entre entidades bancarias y las personas que tienen el riesgo de ser desahuciadas de sus hogares.

Vila se ha propuesto también «blindar» las ayudas en materia de vivienda que actualmente ofrece su departamento a más de 32.000 familias. El objetivo también es «ceder» viviendas de protección oficial a entidades del tercer sector y reforzar así la red de pisos de inclusión. En Catalunya hay 80.000 pisos nuevos vacíos, según detalló el conseller.

Y ya ha entrado en vigor una nueva línea de ayudas de la Generalitat para familias desahuciadas. Hasta 1.700 familias que han perdido su casa pueden solicitar al Govern una ayuda por un máximo de 3.000 euros anuales.

«Esta tiene que ser la legislatura del transporte público y de la vivienda, como contribución a las políticas del Estado de bienestar que quiere mantener y reforzar este Govern», afirmó el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Según detalló en el Parlament, la vivienda social será «la prioridad de esta legislatura».