El Parlamento de Extremadura, con los votos de IU y PSOE y la abstención del PP, ha instado al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a aprobar un 'Pacto democrático contra la corrupción'.

Dicho pacto está contenido en una propuesta de pronunciamiento presentada por el Grupo Izquierda Unida Verdes-SIEX y que se ha debatido en el pleno de este jueves en la Cámara legislativa extremeña.

Entre los once puntos con los que cuenta destaca el establecimiento, con "carácter obligatorio", de un 'Código ético de conducta del cargo público'; la modificación de la ley electoral para "apartar" de las instituciones de "modo preventivo" a quienes sean procesados; o el "compromiso del gobierno" de no tramitar "jamás" un indulto a un cargo público condenado por corrupción".

El debate de esta iniciativa se ha desarrollado en un tono bronco y tenso en algunos momentos, coincidiendo cuando los portavoces de los grupos han sacado a relucir algunos casos como el reciente de Bárcenas o incluso el caso GAL, y que ha provocado que algunos diputados de la bancada socialista se hayan levantado de sus escaños aunque no han abandonado el hemiciclo.

Política como "extensión de lo privado"

El diputado de IUV-SIEX Víctor Casco ha defendido esta propuesta de pronunciamiento y en su intervención ha incidido en que la política ha devenido como una "extensión de lo privado", además de llamar la atención sobre que los ciudadanos están "perdiendo la fe" en los políticos y, lo que para Casco es peor, en la política.

Así ha indicado que cuando ocurre esto viene "el anarquismo" o el "cirujano de hierro", por lo que cree necesario que los ciudadanos recuperen la confianza en la "acción de la política". Además ha dicho que no quiere que esta iniciativa sirva para "lavar la cara", sino que se trata de un pacto que debe conllevar la "acción legislativa consecuente".

En su turno de intervención, la diputada socialista Ascensión Murillo ha afirmado que su partido dice "sí" a la iniciativa presentada por IU "como no podía ser de otra manera", y con el objetivo de luchar contra la "plaga insidiosa" de la corrupción.

Murillo ha apuntado que la corrupción es fruto de la capacidad del ser humano para "elegir", "engañar" y "abusar" por lo que, como ha indicado, no se podrá erradicar totalmente, aunque ha recordado que una de las funciones de la política es poner límites.

Por su parte, la intervención del diputado del PP Miguel Cantero, que ha presentado una transaccional aunque la misma fue rechazada, ha sido la que ha concentrado quizá la parte más tensa del debate cuando ha aludido a varios casos de presunta corrupción en la región, además de otros nacionales.

Así, se ha referido al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha llegado a decir que: "'Podríamos decirle que nos contase algunas cosas sobre los asesinatos de los GAL'", aunque posteriormente ha pedido que estas referencias fueran retiradas del diario de sesiones si han podido ofender a algunos diputados.

En esta línea, Ascensión Murillo ha criticado que Cantero haya "roto todas las normas parlamentarias" en su intervención, a lo que ha añadido que "menos mal" que ha retirado la referencia a los GAL porque el PSOE le iba a "llevar a los tribunales".

Durante su intervención, Cantero ha vuelto a referirse a Rubalcaba, del que ha dicho que debería "refrescar la memoria" y hablar de "la traición que se hizo a España con el Caso Faisán y que produjo que se matara a miembros y fuerzas de seguridad del Estado", un momento en el que se produjo un gran revuelo y que provocó que el presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano, cursara algunas advertencias.

Igualmente ha criticado el diputado 'popular' que "gran parte" de los políticos de España "siguiendo la yihad del señor Rubalcaba", ha dicho, "no dejan de crispar las calles y la sociedad", por lo que ha pedido a Casco que no hable de "anarquía".

En respuesta a esta referencia, Víctor Casco ha recordado que la huelga es un derecho reconocido en la Constitución y ha aseverado que los ciudadanos están escandalizados porque mientras a ellos les recortan en sanidad o educación algunos dirigentes se están enriqueciendo.

"Ustedes tienen en su partido (PP) a Camps, a Baltar y a Bárcenas y por supuesto que está suponiendo un escándalo mayúsculo en esta sociedad y que los ciudadanos salen a las calle y tienen toda al razón a movilizarse delante de las sedes del Partido Popular para decirles: 'Dónde están mis sobres'", ha mantenido.

Puntos del pacto

Cabe recordar que el 'Pacto democrático contra la corrupción' que se recoge en la propuesta aprobada tiene once puntos, entre ellos establecer, con "carácter obligatorio", un 'Código ético de conducta del cargo público'.

Otro de los puntos es "potenciar y reforzar" los recursos materiales y personales, así como la especialización en estas temáticas, de la Judicatura, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidos a combatir los delitos contra la corrupción inmobiliaria, el blanqueo de dinero y las decisiones o casos de prevaricación que se puedan producir en todo el territorio del Estado.

El tercero de los puntos es la investigación y persecución, por la Agencia Tributaria, de los "incrementos desmesurados" del patrimonio "carentes de justificación"; el cuarto, un plan de actuación frente a la corrupción urbanística; y el quinto "acentuar" el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos.

El sexto recoge la creación de dos nuevos registros públicos, por un lado, el de recalificaciones de suelo y, por otro, el de tenedores de billetes de 500 euros; el séptimo de esos puntos es la modificación de la ley electoral con el fin de "apartar" de las instituciones, "de modo preventivo", a quienes sean procesados por delitos de corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias y "enriquecimiento injusto".

El octavo es la "reforma" de la Ley de Financiación de Partidos Políticos; el noveno "endurecer" el Código Penal contra las actuaciones corruptas; el décimo es el "compromiso" del Gobierno de "no tramitar jamás, en ninguna circunstancia", un indulto a un cargo público condenado por corrupción.

Y, por último, el undécimo punto recoge "impulsar" los mecanismos de participación ciudadana y transparencia, y en esta línea establecer la "obligatoriedad" de publicar anualmente la declaración de renta de todo cargo público (y la de sus cónyuges), preservando "en todo caso" los datos de índole personal.