La Junta de Andalucía ha presentado un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la decisión del Ayuntamiento de Granada, del PP, de incrementar en 6.500 euros el sueldo anual de cada uno de sus nueve escoltas y de los cinco asesores jurídicos, según ha informado el grupo municipal de IU.

El portavoz del grupo municipal de izquierdas, Francisco Puentedura, ha recordado en una nota que este incremento salarial fue adoptado en pleno con el voto en contra de IU y el rechazo de los representantes sindicales, y que ya en mayo de 2011 la Junta envió varios requerimientos para pedir la revocación de este acuerdo.

Al no ser atendida esta petición, la asesoría jurídica de la Junta, que depende de la Vicepresidencia y Consejería de Relaciones Institucionales, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA para pedir que se revoque este aumento salarial.

Para Puentedura, "este incremento salarial es inmoral, toda vez que el equipo de gobierno local, del PP, "ha reducido el sueldo a trabajadores sociales, cargándose los proyectos de inclusión social en las zonas más deprimidas de la ciudad o ha eliminado trabajadores en el Servicio de Atención al inmigrante", mientras que a trabajadores municipales "se le ha reducido el sueldo o precarizado sus condiciones salariales y laborales".

Además, el portavoz municipal de IU señala que esta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento "ha supuesto un gasto de 99.900 euros al año", mientras que la productividad general de los trabajadores municipales "se ha eliminado con la excusa de los recortes".

"Esta decisión que adopta el alcalde y su equipo de gobierno es de muy dudosa legalidad, pues se fuerza una modificación de la RPT únicamente con la excusa de aumentar el salario a escoltas y asesores jurídicos en el Ayuntamiento creando con ellos una casta de funcionarios municipales privilegiada".

Además, el edil advierte de que esta medida "contraviente" el decreto del Gobierno central de medidas para el control del déficit público, por el cual se congeló el salario a todos los empleados públicos, entre ellos los trabajadores del Ayuntamiento de Granada.

"Estos argumentos son los que plantea la Junta para pedir la anulación de este acuerdo", ha mantenido Puentedura, para quien esta modificación salarial "no está justificada ni económicamente, ni por las características del trabajo que desarrollan estos funcionarios ni por la operatividad del servicio que estaban prestando" pues tampoco hubo informe ni jurídico ni técnico que avalase esta decisión.

Puentedura también ha censurado otras decisiones adoptadas por el gobierno local, como la de crear un tribunal de contratos del Ayuntamiento de Granada, "que implica dietas de hasta cinco mil euros anuales a cada uno de varios altos cargos del Ayuntamiento", o la creación en la empresa municipal Granada Eventos Globales (Gegsa) "de nuevos altos cargos" siendo "un coladero del PP".

Por último, asegura que en los últimos años el Ayuntamiento pagó más de 60.000 euros en "gratificaciones extraordinarias" a varios altos puestos del Ayuntamiento, entre ellos de la Policía Local y Servicio de Extinción de Incendios, "donde para justificarlas se han presentado servicios especiales como asistir a procesiones, día de la Toma, o algún partido de fútbol".