La que fuera presidenta de la Asociación de Empresarios de Extracción de Áridos (Anefa), Marta Andrés Calleja, ha mantenido hoy que las presiones o coacciones que Maurilio Parrado ejerció sobre empresas del sector desde el puesto de jefe de la Sección de Minas de Valladolid entre los años 2000 y 2004 eran 'vox populi' y que incluso su propia mercantil, 'Gracalsa', se vio afectada, tal y como han corroborado hoy no sólo ella sino también los representantes legales de 'Álvarez Fray' y 'Cementos La Parrilla'.

Si la segunda jornada del juicio iniciado este lunes en la Audiencia de Valladolid contra Maurilio Parrado y su hermano Amado, ambos imputados por cohecho, contó como principal prueba incriminatoria contra ambos el testimonio del abogado experto en derecho minero Julio César Valle, quien mantuvo que se vio obligado a claudicar a las pretensiones económicas del primero para garantizar la supervivencia de su empresa, la tercera sesión ha tenido hoy como hilo conductor las denuncias formuladas en idéntico sentido por otros tres industriales.

La primera en abrir las declaraciones hostiles hacia las pretensiones exculpatorias de los procesados ha sido Marta Andrés Calleja, representante de Gracalsa, que, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha relatado los graves perjuicios económicos sufridos a raíz de que Maurilio Parrado paralizara, según ha denunciado, un expediente administrativo que su mercantil presentó con el fin de poder extraer caliza en 37 hectáreas de terreno ubicadas en Quintanilla de Onésimo.

Pero los testimonios más gráficos de la supuesta actividad delictiva del entonces jefe de la Sección de Minas en Valladolid han llegado de la mano de Francisco Javier Alonso Cernuda y Tomás Álvarez Muñoz, el primero representante legal de 'Cementos La Parrilla' y el segundo de 'Álvarez Fray'.

En el primero de los casos, el empresario cementero ha mantenido que cuando presentó la solicitud de autorización de la empresa Maurilio Parrado le pidió como contrapartida la contratación de su hermano Amado y acto seguido, ante su negativa, le exigió la redacción de un proyecto a cargo de un ingeniero técnico de minas y se ofreció a facilitarle el nombre de uno que conocía.

"¡

Le mando a la guardia civil!"

"Yo ya lo tenía firmado por un ingeniero industrial y también me negué", ha recordado Francisco Javier Alonso Cernuda, quien ha añadido que ante la doble negativa Maurilio Parrado "se puso como loco" y le echó del despacho con cargas destempladas no sin antes dirigirle una taxativa amenaza: "¡Se va a enterar de quién soy yo, su proyecto se va a morir en esa estantería, le mando a la Guardia Civil!", algo que, según el declarante, se cumplió al día siguiente cuando miembros del Instituto Armado se personaron en las instalaciones de su empresa para paralizar la actividad.

En la misma línea, el representante de 'Álvarez Fray', Tomás Álvarez Muños, quien inició su declaración con un "juro ante Dios y prometo ante los hombres", relató cómo tuvo la "desgracia de conocer" en su día al entonces jefe de Minas, ya que desde entonces no tuvo más que problemas que concluyeron en el cierre "ilegal" de la cantera 'El Lucero', y todo ello, según ha denunciado, por su negativa a contratar como ingeniero de minas al hermano del principal inculpado.

De entre el resto de testigos, los hermanos Gonzalo y Gregorio de los Santos, ingenieros de Minas e hijos del jefe de Sección de Minas anterior a quien sustituyó Maurilio Parrado, han cargado también contra este último al asegurar que desde su llegada al cargo la totalidad de los expedientes presentados por ambos sufrieron demoras interminables de hasta diecinueve meses, frente a los cuatro días de otros que habían sido visados por amigos del aludido.

La situación llevó a los dos hermanos a presentar distintas denuncias ante el entonces Jefe del Servicio de Minas, Ricardo del Fresno, no sólo por el retraso en la tramitación sino incluso por la negativa de Parrado a facilitarles el acceso al registro de pozos y sondeos, cuando éstos son públicos.

Los hermanos De los Santos Gallardo sí han reconocido que sus rencillas con Maurilio Parrado se remontan a la denuncia que este último presentó contra el padre de ambos ante el supuesto contubernio que tenían montado entre los tres para monopolizar el visado de proyectos mineros, cuando los expedientes que entonces presentaban los dos primeros se tramitaban con inusual celeridad.

El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones. Con carácter provisional, Maurilio Parrado y su hermano Amado, ingeniero de Minas, se exponen a penas de entre seis y dos años de prisión, respectivamente, el primero por delito continuado de cohecho, falsedad en documento oficial y negociaciones prohibidas a funcionarios y el segundo como cooperador necesario en el primero de los delitos citados.