La reunión sectorial entre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y las comunidades para analizar el coste económico de la futura reforma educativa ha concluido tras tres horas de reunión, en las que las autonomías del PP han apoyado este proyecto.

Así lo ha informado la consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, quien ha sido la primera responsable autonómica en comparecer ante los medios tras el encuentro, y que ha especificado que la reforma cuenta con "el rechazo de cinco comunidades" que representan al 45 % de la población española.

Esta nueva reunión ha tenido, como telón de fondo, las protestas de los estudiantes, que por tercer día consecutivo han salido a las calles a pedir la dimisión del ministro Wert.

En la última reunión, que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre, los consejeros trasladaron al ministro su preocupación por la financiación de la reforma educativa, y éste se comprometió a celebrar una reunión sectorial monográfica para tratar este asunto. El 23 de enero, el Ejecutivo envió a las comunidades autónomas su propuesta.

En ese sentido, la consellera catalana de Educación, Irene Rigau, ha denunciado que el Ministerio ha evidenciado en su memoria económica que el principal objetivo de esa ley no es la mejora de la calidad educativa, como se dijo en un principio, sino la "homogeneización" del sistema educativo. La consellera ha denunciado los elevados costes que tendrá para el Ministerio y las comunidades autónomas la aplicación de la ley.

"Mientras que estemos en una situación de austeridad presupuestaria no podremos contraer ningún nuevo compromiso", ha criticado Rigau, quien cree una irresponsabilidad asumir nuevos gastos en un momento en que el Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a reducir 1.735 millones de euros en materia educativa. La consellera también ha denunciado que la nueva memoria cita como "primer objetivo" de la ley la "homogeneización" y la "recentralización" del sistema educativo en España, algo que, ha dicho, "en un primer momento se había ocultado".

También ha habido críticas desde Andalucía. La consejera de Educación de la Junta, Mar Moreno, ha rechazado este jueves hablar sobre el coste de la ley al considerar que se trata de una "receta tóxica" y que entrar en el debate sobre su financiación sería "confundir precio con el valor" de la Educación.

"Para nosotros la reforma no vale, cueste lo que cueste", ha dicho Moreno en declaraciones a los medios de comunicación al término de la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, cuando ha señalado que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "confunde precio con valor" y ha convocado hoy a las comunidades autónomas para "hablar sobre el precio de la reforma educativa".  

"Solo los necios confunden valor con precio", ha añadido la responsable andaluza citando a Antonio Machado. Así las cosas, la postura de la Junta es no entrar a discutir sobre ese coste porque "Andalucía no confunde valor con precio y sea cual sea el coste, se está poniendo en entredicho el valor de la enseñanza, que es conseguir generar igualdad de oportunidades y que haya calidad para todos".

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Serna, ha felicitado al ministro de Educación por el esfuerzo realizado en la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En la sesión se ha presentado la memoria de la LOMCE, de la cual el consejero de Educación de Cantabria ha dicho que "nunca hemos tenido a nuestra disposición una memoria justificativa de una norma de tal profundidad por extensión y por calidad".

El Ministerio de Educación se plantea que la puesta en marcha de la nueva ley sea en el curso 2014-2015, incluso no descarta que sea en el 2015-2016. Asimismo, en el texto de la memoria económica enviado a las comunidades autónomas, se indica que este departamento asumirá con cargo a su propio presupuesto "la financiación de los gastos directamente relacionados con la implantación de la ley".

No obstante, advierte de que tendrá en cuenta el programa de consolidación fiscal del Gobierno de España para los ejercicios 2013-2014 y añade que el coste estimado de implantación de la ley es "muy limitado" para una reforma de esta "envergadura" y en el medio plazo "esta prevista la reducción de estos costes".

Además, apunta que la financiación de estos gastos "estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice y serán compensadas, en su caso, con bajas en otros programas del departamento".