"Una monumental y vil patraña". Así califican numerosos trabajadores autónomos como Karla la llamada Prestación económica por cese de actividad, el sistema implantado en noviembre de 2011 por el anterior Gobierno llamado a permitir que los trabajadores por cuenta propia pudieran percibir una prestación por desempleo similar a la de los empleados por cuenta ajena. A la vista de los datos, la medida dista de haber sido eficaz en su objetivo hasta ahora.

De los 8.400 trabajadores que habían cotizado y a lo largo de 2012 cesaron en su actividad y solicitaron la prestación -por la que han estado descontándose al menos un 2,2% de su base salarial- , apenas 1.538 (un 18%) finalmente pudieron acceder a ella, según el Ministerio de Empleo.

El propio Gobierno reconoce que en la legislación, de 2011, se mantienen “trabas de acceso incomprensibles que ahora hay que depurar”. Y es que el 87% de las denegaciones se deben a la "acreditación incorrecta del cese”, debido a las dificultades para verificar las pérdidas reales de estos pequeños empresarios, en caso de tributación por módulos. En 2012, las mutuas reconocieron 1.379 prestaciones (apenas el 18% de las solicitadas), mientras que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) concedió las 159 restantes (el 21,8% de las presentadas).

La cuantía media de esta prestación fue de 649 euros mensuales, con una duración media de dos meses y medio. Así, el desembolso de las arcas públicas para el desempleo de los autónomos apenas superó los 2 millones de euros en total, pese a que estos ya han cotizado por un importe de más de 150 millones, según los cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). En opinión de este colectivo, hay razones sobradas para, o bien cambiar las condiciones de acceso a las ayudas, "o una reducción de su coste de forma inmediata".

“Teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa el colectivo de autónomos, resulta significativo que sólo el 0,5% de los cotizantes hayan solicitado esta prestación y es más grave aun que tan solo se hayan podido beneficiar un porcentaje inferior al 0,1%”, denuncian las asociaciones de autónomos. El propio ministerio ha reconocido que debe simplificar los requisitos para acceder a la prestación, y ha anunciado que mantendrá reuniones con estos para acercar posturas.

Según los datos oficiales, en 2012 hubo 501.530 trabajadores autónomos cotizando para tener algún método de cobertura si perdieran el empleo. Eso supone que apenas el 16,6% de los más de 3 millones de afiliados por el régimen por cuenta propia cotizan, sin contar el régimen agrario. Una cifra baja, según los autónomos, que la achacan a la falta de información y los pobres resultados de la nueva regulación.

El testimonio de Karla Casillas es similar al de miles de autónomos que denuncian el fraude de este sistema de protección por desempleo. Tal como ella explica, "durante los tres años que mantuve abierto mi negocio de hostelería (en el que invertí todo mi capital) pagué religiosamente mi cuota como autónoma, la cual ascendia a 280 euros mensuales". Tres años después, y debido a la crisis, se vio obligada a declarar el cierre de negocio.

En octubre de 2012, ya con el cierre completado, Karla comenzó a tramitar su prestación y "después de presentar a Fremap -la mutua que gestiona la concesión de prestaciones- un archivo interminable de documentos para comprobar mi cese de actividad por causas económicas, ésta me fue denegada, por segunda y última vez a finales de 2013", relata, al tiempo que destaca el proceso "plagado de agravios, arbitrariedades y humillaciones" que hubo de afrontar.

Tras meses de papeleos, incluso un propio empleado de la mutua le recomendó acudir a la vía judicial para resolver su caso. Y es que el manual de quiebra establecido por Fremap, según cuenta esta autónoma, es rígido y poco realista, ya que impone acreditar dos años con un 20% de pérdidas y un tercer año con otro 30%. "En mi caso concreto quebré en un solo año de manera fulminante", explica.