Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, han convocado una jornada de huelga para el próximo día 20 de febrero en protesta por las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La protesta se alza contra medidas como las nuevas tasas judiciales o la reforma del Consejo General del Poder Judicial, así como los cambios en el Registro Civil. Apoyan la huelga la Unión Progresista de Fiscales y las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Los portavoces judiciales han considerado que la reforma del CGPJ implicará que el Gobierno se arrogue para sí el gobierno de los jueces, lo que supone una crisis institucional que cuestiona la separación de poderes y la independencia judicial, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Respecto a las tasas judiciales, que imponen pagos por acceder a la jurisdicción civil a los ciudadanos, y no solo a las organizaciones o empresas (como sucedía hasta la reforma), jueces y fiscales han señalado que el número de litigios parece haber descendido desde su aprobación en un 25%.

Esto supone que ese número de ciudadanos no ha podido acceder a la tutela judicial, lo que es un precio demasiado alto para evitar el colapso de los tribunales, han expresado, antes de pedir que una solución alternativa, como serían más medios personales y materiales. Esto se concreta, entre otros puntos, en que no se supriman los jueces y fiscales sustitutos.

La reforma de Código Penal —con la introducción de la prisión permanente revisable y la llamada custodia de seguridad, entre otros cambios— es una de las medidas que más reacciones en contra han suscitado.

Las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno han despertado también indignación no solo entre abogados y jueces, sino también entre la población en general.

La ley fija en lo civil una tasa de 300 euros por un recurso ordinario y 800 por un recurso de apelación y 1.200 por el de casación. En lo contencioso-administrativo el recurso ordinario son 350 euros. Mientras, en lo social, el recurso de suplicación son 500 euros y el de casación, 750 euros.

El desacuerdo con las nuevas leyes en Justicia ha sido prácticamente unánime entre casi todos los sectores implicados, que consideran que perjudican sus condiciones de trabajo, pero también el servicio que se presta al ciudadano. Por un lado, los profesionales temen la privatización de la gestión de los servicios; por otro, la modificación del sistema de suplencias.