El Observatorio Justicia y Defensa Animal ha remitido este lunes escritos tanto al Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) como a la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía exigiendo que cesen "con carácter inmediato las cacerías de perros abandonados" en el municipio de Punta Umbría (Huelva), que se lleven a cabo "medidas de captura humanitaria y el traslado de los perros a refugios de animales de protectoras locales", las cuales se han ofrecido a hacerse cargo de los animales, así como que se abra una investigación al objeto de determinar las responsabilidades que correspondan.

Según ha informado el Observatorio en una nota, paralelamente a estos escritos, el Observatorio ha abierto a través de la plataforma digital 'Change.org' una recogida de firmas en contra de "esta cacería de perros", que en menos de 48 horas ronda las 10.000 firmas de ciudadanos que quieren mostrar su indignación frente a esta situación, y que serán entregadas en la mañana de este lunes al alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado.

Consideran que la caza de perros abandonados "como medida de control de las poblaciones caninas es a todas luces una medida desproporcionada y evitable", por tanto "innecesaria" y, por ello, "no ajustada a derecho".

Del mismo modo, señalan que "contraviene la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía, para la cual atentar contra la vida de los animales domésticos y llevar a cabo sacrificios no conformes a lo establecido en la ley constituyen infracciones muy graves que podrían acarrear sanciones que pueden alcanzar cada una, y por perro abatido, los 30.000 euros".

Entre los cuerpos de los perros abatidos y encontrados por los voluntarios de protectoras de animales locales que se personaron durante el fin de semana por la zona, y que "sin medios lograron rescatar 14 de los perros con sus propias manos", se comprobó que uno de los animales abatidos era de tamaño pequeño y de apenas "seis kilos de peso, por lo que en ningún caso se puede justificar la cacería de estos perros alegando alarma social o que se trata de animales salvajes peligrosos capaces de devorar a dos caballos".

La realidad de los hechos muestra que "tan sólo se trataba de un grupo de perros abandonados a su suerte y de tamaño mediano-pequeño y que, ante la situación de desamparo y abandono en la que se encuentran, lo esperable y exigible a la administración local, por imperativo legal y ético, es capturarlos humanitariamente para trasladarlos a un albergue de animales".

Desde el Observatorio Justicia y Defensa Animal han su "más enérgico y tajante rechazo" a este tipo de actuaciones que en pleno 2013 resultan "innecesarias, inaceptables y fácilmente evitables".

"En un país moderno, miembro de la Unión Europea, en el que existen y están en vigor leyes de protección animal, no puede ser que la respuesta a una situación de abandono y desamparo sea la eliminación a tiros de los perros afectados", apostillan. Las administraciones deben asumir un papel "activo" en programas efectivos de esterilización de animales, control y registro efectivo de la cría indiscriminada de cachorros, control efectivo de los perros usados en rehalas y, sobre todo, qué destino se les da a esos animales cuando dejan de serles útiles a los cazadores. También deben promover medidas como la aprobación, en colaboración con las protectoras locales, de iniciativas para la difusión de las adopciones de animales y la lucha contra el maltrato y el abandono de animales, que por desgracia sigue siendo la asignatura pendiente de este país.

Por su parte, el Partido Animalista asegura que en el caso de estos tres perros "abatidos a tiros no se ha respetado ninguna de las exigencias de la Ley 11/2003 respecto a los animales abandonados", por lo que lo sucedido se considera "infracción muy grave" con sanción de hasta 30.000 euros, según el artículo 38 de la citada Ley. En consecuencia, denunciarán "la muerte irregular de estos perros, que han sido matados contraviniendo todas las exigencias legales de la Ley de Protección de los Animales en Andalucía".

Respuesta del ayuntamiento

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Punta Umbría han informado que han ordenado este fin de semana la actuación contra una manada "descontrolada" de perros, "ajustándose a la legalidad vigente y atendiendo al informe de peligrosidad con riesgo para la integridad física en el municipio que ha realizado la Policía Local". Señalan en una nota que la jauría "ha atacado a vecinos y ha matado y descuartizado, al menos hasta el momento, a un potro y a un mulo a bocados, junto a una zona residencial".

Según el informe emitido por la Policía Local el 1 de febrero, el pasado 24 de enero se recibe un comunicado de un vecino de Punta Umbría denunciando la existencia de hasta seis perros salvajes descontrolados que transitan por las inmediaciones del Picadero Costa de la Luz, que "se abalanzan hacia las personas y animales de la zona con la intención de atacarlos y agredirlos".

Del mismo modo, el día 28 se produce la denuncia de otro vecino y usuario de las citadas instalaciones, que se encontraba paseando con un caballo de su propiedad y sufrió el ataque "inesperado" de la misma "jauría de perros salvajes y errantes", tal y como se describe literalmente en el informe. En los mismos términos, el 31 de enero los perros "atacaron a un potro matándolo y descuartizándolo".

Atendiendo al protocolo de actuación, se da cuenta del problema al servicio de recogida de animales de la Diputación Provincial de Huelva, que "ha estado en varias ocasiones no pudiendo dar solución", como se recoge en el texto de la Policía Local. Y, según la legislación vigente, "se establece el sacrificio cuando exista riesgo inminente de ataque a las personas, creando un estado de inseguridad física que se extiende a los vecinos, usuarios del picadero, deportistas y demás transeúntes de la zona".

Dados estos hechos, se realiza un decreto de alcaldía con fecha de 1 de febrero, en el que se expresa que "visto el informe de la Jefatura de la Policía Local en relación con la peligrosidad que supone la presencia de perros agresivos errantes y con riesgos para la integridad física en el término municipal" y considerando el contenido del artículo 8.3 del Decreto 42/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la comunidad autónoma de Andalucía, se resuelve "autorizar por plazo de cinco días naturales, la ejecución de las medidas de control que se consideren procedentes desde la Jefatura de la Policía Local tendentes a la erradicación de perros asilvestrados y agresivos/errantes en el término municipal de Punta Umbría, incluidas las batidas, siempre que las mismas las lleven a cabo personas autorizadas mediante el carné de predadores, expedido por la Consejería competente en materia de caza de la Junta de Andalucía".

Por los motivos expuestos, la Policía Local de Punta Umbría quedó con un grupo de cazadores autorizados en un punto de encuentro, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, y la Policía Autonómica. Una vez que las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes comprobaron que se cumplían los requisitos y que se establecían las medidas de seguridad oportunas, se procedió a la batida de dos de los perros, no encontrando al resto de la jauría.

La peligrosidad de esta manada "sigue vigente". De hecho, este mismo lunes "ha vuelto a aparecer un mulo muerto por las heridas que le han provocado los perros, en las inmediaciones del Recinto Ferial puntaumbrieño".