Los afectados por la Ley de Montes del municipio cántabro de Voto aseguran que "no darán marcha atrás" a su encierro en las instalaciones de este Ayuntamiento, donde permanecen desde el pasado jueves, 31 de enero, hasta que el Gobierno de Cantabria "ponga una solución encima de la mesa".

Así lo ha indicado este martes el portavoz de este colectivo, Javier Rugama, quien, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que los afectados decidieron realizar un encierro como "forma de queja" porque ya estaban "aburridos" del "cúmulo de despropósitos" del Ejecutivo regional.

Y es que Rugama ha criticado que los responsables del Gobierno cántabro llevan "mucho tiempo" diciendo que "van a hacer" algo al respecto, pero "no se sabe nada de nada", una situación que se ha agudizado desde marzo de 2012 cuando el Ejecutivo "rompió" la Comisión de Seguimiento en la que había representantes tanto del Gobierno como de los municipios afectados.

"Entendimos entonces que el Gobierno no quería que nadie metiese la cabeza" en el asunto, ha criticado Rugama, que ha recordado que la última reunión de los afectados por la Ley de Montes con el Ejecutivo fue en noviembre de 2012 y acabó en "discusión", ya que para este colectivo "si son propietarios o no, sólo lo puede decidir un juez".

El representante de los afectados de Voto ha indicado que, por el momento, tienen previsto mantener el encierro hasta este domingo, 10 de febrero, y ha anunciado que, si el Gobierno no comienza a dar algunas soluciones, se plantean "incluso hacer una marcha a Santander".

Mientras tanto seguirán encerrados en el Ayuntamiento de Voto, al que, según Rugama, esta situación se le ha hecho "insostenible", hasta el punto de que se ha ofrecido a "gestionar" una reunión con el Ejecutivo cántabro para "darle una solución" a la problemática.

"El Ayuntamiento quiere hablar con el Gobierno para que desbloqueé la situación. No nos negamos, siempre y cuando los afectados veamos que nos dan solución de alguna forma", ha matizado Rugama.