La Junta de Andalucía y los trabajadores de la planta de Cargill han valorado este lunes las pérdidas directas —101 puestos de trabajo— y las indirectas para el campo y el sector del transporte con el cierre de esta planta.

Así se ha señalado en una reunión del delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández; la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Aurora Cosano, y su homólogo de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca, Francisco Gallardo, con los trabajadores para conocer y a analizar las consecuencias que acarrearía el anunciado cierre de la planta que la multinacional tiene en San Jerónimo en la economía sevillana.

Tanto el delegado del Gobierno en Sevilla como los trabajadores han destacado que a la pérdida de los 101 puestos de trabajo directo se sumarían "otras muchas" de carácter indirecto. Así, el cierre de la planta supondría "importantes afecciones" al campo andaluz, ya que la participación de Cargill en la compra de semilla en Andalucía para su planta en Sevilla es del 36 por ciento en girasol clásico y del 50,2 por ciento en alto oleico, "no existiendo en Andalucía otras empresas que puedan asumir tal volumen de molturación con el consecuente impacto en el precio de la semilla así como en los pequeños agricultores que perderían las garantías de comercialización de su producto", según una nota de la Administración andaluza.

Otros de los sectores que se vería perjudicado es el del transporte, pues actualmente, con la planta a pleno funcionamiento, el movimiento de camiones es de unos 150 diarios. A esto se une que, según fuentes del comité de empresa, Cargill es la primera planta industrial de Sevilla capital en consumo de electricidad, gas, impuestos municipales y vertidos.

Los trabajadores han denunciado el abandono del negocio por parte de la empresa y señalan como punto de inflexión el cierre de la refinería en el año 2010, momento en el que, aseguran, empieza a descender el embotellado de aceite de girasol en Cargill, pasando de ser la segunda empresa en el mercado nacional a prácticamente desaparecer.

Asimismo, no encuentran justificadas las causas productivas que alega la empresa para el cierre, defendiendo la viabilidad de la misma, ya que sus ganancias en España ascendieron a 17 millones de euros el pasado año, y sitúan los verdaderos motivos del cierre en la deslocalización y su marcha hacia otros mercados más competitivos.

En este punto, el delegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Javier Fernández, se ha comprometido a pedir a la empresa los datos que justifiquen las citadas causas productivas que la han llevado a tomar la decisión del cierre y, en el caso de que éste sea irreversible, a luchar por que los trabajadores consigan las mejores condiciones posibles.

Para ello la delegada de Economía, Aurora Cosano, mantendrá un primer contacto con la multinacional el próximo jueves en calidad de autoridad laboral, y ofrecerá —al igual que ha hecho con los trabajadores— su labor de mediación para que las partes acerquen posturas y el cierre sea la última de las opciones. En este sentido, los trabajadores han insistido en la posibilidad de una venta que reabsorbiera los 101 puestos de trabajo.