Suspenden el juicio al ex alcalde de Totana porque la instrucción no recogería todas las escuchas telefónicas

Los letrados de los acusados piden la nulidad hasta el juicio oral e, incluso, la suspensión total del proceso
Martínez Andreo, en primer término, sentado en el banquillo de los acusados
Martínez Andreo, en primer término, sentado en el banquillo de los acusados
EUROPA PRESS
Martínez Andreo, en primer término, sentado en el banquillo de los acusados

La Sección número 3 de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Juan del Olmo, ha decidido suspender hasta este martes, 5 de febrero, el juicio en el que estaba acusado el ex alcalde de Totana, José Martínez Andreo, porque los CD's con las escuchas telefónicas obtenidas por la Guardia Civil no habrían sido remitidos a las partes.

El que fuera alcalde de Totana hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales de 2011, se ha sentado en el banquillo, junto a cinco acusados más, para ser enjuiciado por una pieza del caso 'Tótem', de corrupción urbanística y que saltó a la luz pública en 2007, por el que se enfrentaba a 10 años de cárcel.

En principio, estaba previsto la celebración del juicio a partir de este lunes y durante dos semanas, pero el tribunal ha decidido suspenderlo a petición tanto del Fiscal, José Luis Díaz Manzanera, como de los letrados de la defensa, que han coincidido en entender que no cabe la continuación del juicio en estas circunstancias.

En concreto, la abogada del ex alcalde, María Pascual Guiteras, ha llamado la atención, durante su intervención, sobre el hecho de que en la transcripción de las escuchas facilitadas por la secretaria judicial sólo figuraban las conversaciones recibidas por su defendido, pero no así las emitidas.

"He revisado todos los anexos de las conversaciones telefónicas y no hay ninguna llamada saliente que se hiciera desde el teléfono de Martínez Andreo", ha señalado la abogada, quien ha criticado que ella no ha tenido acceso a los CD Roms en formato audio, y sólo a las transcripciones por escrito, a pesar de haberlos solicitado.

"No sé lo que ha pasado, puede haber un problema técnico, pero creo que lo correcto es que se nos trasladen los audios desde la Guardia Civil y se nos haga entrega de las llamadas salientes", ha remarcado la abogada.

La letrada ha recordado que solicitó hasta en dos ocasiones las escuchas telefónicas, pero la Guardia Civil respondió en un primer momento que estas llamadas salientes "no tenían contenido". Al insistir por segunda vez, la Benemérita adujo que "no se produjo esa conversación".

Sin embargo, Pascual Guiteras ha defendido que las facturas telefónicas que obran en poder del ex alcalde demuestran la existencia de estas llamadas salientes.

En concreto, la abogada hace especial hincapié en una llamada de un minuto y nueve segundos de duración que el alcalde habría efectuado el 23 de junio de 2007, instantes antes de recibir otra en la que comunicó supuestamente al que fuera jefe de la Policía Local que se llevara del juzgado el atestado de alcoholemia de un vecino y se lo guardara en su caja de seguridad.

Cabe recordar que tanto al ex alcalde como el que fuera jefe de la Policía Local se les imputan por este caso un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que el Fiscal solicita dos años y seis meses de cárcel, con una multa de 18 meses de cuota diaria de 12 euros, e inhabilitación especial durante cuatro años para cada uno de ellos.

La abogada de Martínez Andreo lamenta que la llamada entrante que aparece en las transcripciones "es prueba de cargo del Fiscal" contra su defendido, mientras que la llamada saliente, que es su prueba de descargo, "no está a disposición de los letrados de la defensa" lo que, a su parecer, "vulnera el derecho de defensa".

Recuerda que esta llamada "aparece reflejada en la factura telefónica" del ex alcalde e, incluso, ha aportado el coste de la misma: 26 céntimos. Por ello, considera que quedan dos alternativas: "o la Guardia Civil miente, o bien no se dijo nada durante la conversación", algo que considera "poco plausible" teniendo en cuenta la duración de la llamada.

El fiscal ha afirmado que ha escuchado los archivos de audio, pero no en su totalidad, ya que se ha "centrado" en las "transcripciones existentes". Además, ha admitido que todas las llamadas que aparecen recogidas en el sumario son "entrantes", y ha reconocido que él "desconoce" si se tienen constancia de llamadas salientes.

Díaz Manzanera, que ha considerado que los letrados tienen "legítimo derecho" a tener acceso a los archivos de audio, ha considerado que se trata de un asunto que "puede aclarar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil". Por ello, ha recordado que estaban citados a declarar "el instructor del procedimiento y el entonces sargento que actuó en todas estas operaciones".

Llegados a este punto, el juez Del Olmo ha empezado a "preocuparse" y ha preguntado directamente al Fiscal y a los letrados, uno por uno, si se habían escuchado los CD's o una muestra de los que estaban aportados en el procedimiento.

El Fiscal ha respondido que él si se había escuchado los CD's, pero "no todos", mientras que los letrados han reconocido, uno por uno, que habían solicitado que se les diera traslado de los CD's, pero la respuesta había sido siempre "nula", y sólo les habían remitido las transcripciones.

En cualquier caso, Del Olmo ha advertido que el sistema de grabación de llamadas empleado por la Guardia Civil "no distingue entre llamadas entrantes y salientes, salvo solicitud expresa al servidor".

El presidente de la Sala ha decidido entonces establecer un receso de 30 minutos para escuchar los CD's y hacer un muestreo, con el fin de confirmar si estos archivos contienen también las llamadas salientes.

Una vez finalizado este proceso de comprobación, el Fiscal ha insistido que las defensas "tienen acceso a toda la documentación, incluidos los CD's con todas las conversaciones". Por ello, ha planteado la posibilidad de trasladar esta documentación a los letrados y fijar una nueva fecha para el juicio oral.

El segundo abogado de Martínez Andreo, José Antonio González Franco, ha solicitado la "nulidad de las actuaciones" y la retracción de las mismas hasta el auto de apertura de juicio oral, al entender que no pudo valorar en ningún momento las llamadas salientes como prueba de descargo.

A esta propuesta se han adherido los abogados de Pedro José Martínez Ruiz, la letrada de Laura Bastida y el representante legal de Alfonso Canales, mientras que la defensa de Pedro Sánchez ha solicitado la nulidad absoluta del procedimiento y la libre absolución de su defendido.

En base a esto, Del Olmo ha citado a las partes a este martes, momento en el que se les notificará por escrito la resolución "que corresponda". Si las partes no están conformes, Del Olmo les ha explicado que podrán presentar el oportuno recurso.

El alcalde, que se había mostrado "tranquilo" a su entrada en los Juzgados, ha defendido su inocencia "siempre, por su puesto".

El alcalde defiende su inocencia

Por otra parte, Pascual Guiteras había interesado en un principio la personación como testigo en el proceso del que fuera predecesor de Martínez Andreo en la alcaldía, Juan Morales, que actualmente se encuentra en prisión por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

Sin embargo, la abogada ha decidido renunciar a la asistencia de Morales como testigo, al tener en cuenta que "se encuentra nueve meses preso en la cárcel de Sangonera", y que se le tiene que traer condenado y esposado "ante un tribunal repleto de medios de comunicación que quieren hacer su correspondiente foto".

A su parecer, la intervención de Morales es "innecesaria" ya que la cuestión legal que quería acreditar con su presencia "ya ha quedado acreditada por la prueba pericial". Todas las partes han respaldado esta solicitud, incluido el fiscal, que ha señalado que este testigo no estaba propuesto por él y que su intervención carece de importancia.

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