El Grupo 17 de Marzo ha solicitado a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que abra una investigación de oficio en torno a la "desproporcionada" detención el pasado sábado de José Ignacio Aguilar, abogado que colabora con la Intercomisión de Vivienda del 15-M prestando asesoramiento jurídico.

Fuentes del Grupo 17 de Marzo han indicado a Europa Press que dicha detención "puede ser considerada como una detención ilegal", por lo que consideran necesario que la delegada del Gobierno "abra una investigación interna al objeto de depurar responsabilidades" o, en su caso, "dimita, ya que en caso contrario entendemos que desde dicha Delegación del Gobierno se amparan dichas conductas, que pudieran calificarse como delictivas".

En este sentido, relata que la detención tuvo lugar el pasado sábado en el marco de una concentración convocada a través de las redes sociales frente a la sede del Partido Popular en Sevilla capital, en protesta por las informaciones que apuntan a posibles "sobresueldos" en el partido liderado por Mariano Rajoy.

El Grupo 17 de Marzo señala que, "tal y como se ha visto en diferentes vídeos", el letrado detenido "se ofreció a mediar entre la Policía y los manifestantes en su condición de abogado", momento en el que los agentes le pidieron que se identificara, lo que José Ignacio Aguilar hizo "de manera clara y contundente".

El letrado les explicó a los agentes que dicho documento es "intransferible, sin que pueda ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente", según la Ley, tras lo que los agentes "le pidieron que les acompañara a un lugar apartado", a lo que el abogado "accedió sin problemas".

Una vez allí, el letrado "fue reducido contra el coche y esposado con las manos atrás, lo que contraviene la Instrucción 12/2007, y detenido sin más explicaciones".

Por todo ello, el Grupo 17 de Marzo ha criticado la "criminalización" de los abogados que "se dedican a la defensa de los derechos humanos en Andalucía", señalando que se trata de actos "que de no ser investigados y sancionados por el organismo correspondiente acarrearían la total impunidad de éstas actuaciones".

Este Grupo, asimismo, ha vuelto a solicitar al decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, la creación "urgente" de una Comisión de Defensa "en la que se ampare a todos los abogados que son criminalizados por su compromiso con los derechos humanos".

Además, pondrá en conocimiento de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas y de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura "la dificultad y obstrucción que están padeciendo los letrados en este tipo de situaciones".