El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha interpuesto en los Juzgados de Sevilla una denuncia en vía penal contra diversos altos cargos y jefes de Servicio tanto de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), por presuntos delitos de "prevaricación, usurpación de potestades públicas, incumplimiento de resoluciones judiciales y malversación de caudales públicos".

Entre los denunciados se encuentran la actual directora gerente de Agapa, Catalina Madueño; su antecesora en el cargo, Isabel Liviano; la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Judit Anda; el exdirector general de Inspección, Control y Análisis de Agapa, Miguel Ángel González, y el delegado territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera, según recoge la denuncia presentada este lunes en los Juzgados de Sevilla, a la que tuvo acceso Europa Press.

El origen de la denuncia se encuentra en la "atribución indebida" de potestades administrativas reservadas a funcionarios de carrera a personal de la extinta sociedad mercantil Desarrollo Agrícola y Pesquero S.A (Dapsa), en concreto, las potestades de inspección y control de condicionalidad, higiene de la producción primaria y bienestar animal en explotaciones agrícolas y ganaderas, inspecciones de cuyo resultado depende la concesión o mantenimiento del cien por cien de las ayudas comunitarias y fondos de la UE vinculadas a la PAC, la aplicación de reducciones del 20 por ciento del importe global de las ayudas, del 15 por ciento o incluso del cien por cien, según ha señalado en una nota el sindicato.

El sindicato ha afirmado que los responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de Agapa, en diferentes ámbitos competenciales y territoriales, y con diverso grado participación, "en un claro desprecio" al Estado de Derecho y a los órganos judiciales, han "eludido directamente" esta reserva funcionarial y "han ordenado, consentido y permitido" que, existiendo "numerosos" cuerpos de funcionarios de carrera a quien corresponden estas funciones, realice directamente en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de Andalucía un altísimo porcentaje de los controles de campo que se han desarrollado en las explotaciones ganaderas y agrícola.

En este sentido, SAF señala a modo de ejemplo que en la OCA 'Pedroche I' de Pozoblanco (Córdoba), una de las más grandes de Andalucía, este personal ha realizado en torno a 220 inspecciones.

Esta "ilícita" atribución de potestades administrativas "no solo vulnera" los artículos 9 del Estatuto Básico del Empleado Público y 5 del Decreto 99/2011, de 19 de Abril, sino que, según apunta SAF, representa "un desprecio absoluto" al Estado de Derecho y a sus principales garantes, los órganos judiciales, dado que "numerosos" pronunciamientos judiciales han declarado nula de pleno Derecho la integración del personal de la extinta Dapsa en Agapa en procesos iniciados por este sindicato y diversas asociaciones de empleados públicos como las Asociaciones 'Al- Andalus' y 'Defiendo Mi Derecho'".

El sindicado ha considerado que se dan los presupuestos necesarios para apreciar los posibles delitos "no sólo de prevaricación, usurpación de funciones y desobediencia a resoluciones judiciales, sino también malversación de caudales públicos" dada la "gran cantidad" de dinero público que se está utilizando de forma "innecesaria" para pagar los sueldos de este personal por desempeñar funciones que corresponden a funcionarios de carrera.