La Comunidad de Madrid aprobó a principios de mes el decreto que regula la aplicación de la polémica legislación, que entró en vigor el 1 de enero y que el Gobierno de Esperanza Aguirre considera 'vaga e imprecisa'.
'El decreto de la Comunidad de Madrid va bastante más allá de los otros decretos recurridos, por eso hemos solicitado su suspensión', dijo la ministra de Sanidad, Elena Salgado, en declaraciones recogidas por la Cadena Ser.
La ministra se refería a los recursos presentados a los decretos sobre tabaco de la Comunidad de Valencia, Castilla-León y La Rioja, todas comunidades gobernadas por el Partido Popular, al igual que Madrid.
El ministerio consideraba que todos incumplían la Ley, pero no había pedido la suspensión de ninguno. La ministra dijo que en el caso de Madrid se trata de una violación 'especialmente contundente y flagrante'.
Entre los aspectos que critica Sanidad figura que la Comunidad de Madrid ha decidido permitir fumar en las cafeterías de los centros de trabajo, en reservados de restaurantes o salas alquiladas con motivo de una celebración privada - bodas, bautizos o comuniones - y en actos conmemorativos de carácter público, si los locales tienen más de 100 metros cuadrados.
Además, en Madrid no se obligará a los restaurantes de más de 100 m2 a hacer obras para separar físicamente a los fumadores del resto de clientes, con zonas compartimentadas, como establece la ley general.
La Comunidad también acepta también cofinanciar los tratamientos para abandonar el hábito entre los trabajadores, y colectivos de riesgo, una iniciativa que finalmente descartó la ley aprobada en el Parlamento.
El ministerio dijo que lamentaba que la Comunidad de Madrid 'actúe, contraviniendo incluso el informe del Consejo de Estado, en contra de una ley cuyo principal objetivo es proteger la salud de los ciudadanos, y que ha contado con el apoyo unánime del Parlamento y el respaldo de sociedades científicas y organizaciones médicas'.
El enfrentamiento parece estar servido, ya que el consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, había manifestado que si Sanidad recurría el decreto, la comunidad presentaría un recurso de inconstitucionalidad.
De los cinco decretos aprobados hasta ahora, sólo el de la Junta de Andalucía se ajusta plenamente al espíritu de la Ley Antitabaco de la ministra Salgado, que argumentó en su día que el 16 por ciento de todas las muertes que se producen en España de personas mayores de 35 años son consecuencia del consumo de tabaco.
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