El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha impuesto el pago de 48,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil al responsable del grupo empresarial Playa Sol, Fernando Ferré, así como para su contable Josep Oller, acusados de haber impulsado un entramado societario dirigido a eludir sus obligaciones tributarias mediante la facturación de servicios inexistentes, según han avanzado fuentes jurídicas a Europa Press.

Y es que el magistrado ha dado un paso más en el marco de estas pesquisas al notificar este viernes el auto de apertura de juicio oral para ambos acusados, después de que la Fiscalía haya solicitado para Ferré un total de 81 años de prisión y 14 y medio para Oller. El juez da un día hábil a los inculpados para que abonen la cantidad fijada, resultante de los 18,2 millones de euros de multa solicitada más la misma cifra por la responsabilidad civil reclamada y un tercio de la cantidad total que marca la Ley.

Del mismo modo, el auto requiere al Grupo Playa Sol, que se encuentra en proceso concursal, que preste, en calidad de responsable civil subsidiario, también 48,5 millones de euros.

El concreto, sobre Ferré pesa 14 delitos contra la Hacienda Pública estatal y autonómica, un delito contable y tres contra los derechos de los trabajadores. De forma paralela, Oller se enfrenta a una petición, por parte de la Fiscalía, de 14 delitos fiscales y uno contable. También están personados en la causa la Abogacía de la Comunidad Autónoma, la del Estado, UGT y CCOO.

Cabe recordar que en junio de 2010 el juez decretó el ingreso en prisión sin fianza de Ferré, tras habérsele atribuido un fraude al fisco de 14 millones de euros. Un mes después, el magistrado le dejó en libertad, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que ya no existía riesgo de fuga.

El empresario administraba Playa Sol hasta su entrada en la prisión de Ibiza, tras lo cual el juez nombró a un administrador para que se hiciera cargo de la cadena hotelera, la mayor de las Pitiusas con 58 hoteles y unas 17.000 camas, alrededor del 20 por ciento de las plazas turísticas de la isla.

Tras su salida de la cárcel, el magistrado le prohibió acercarse hasta sus empresas o ponerse en contacto con sus responsables. La detención y posterior encarcelamiento de Ferré se produjo a raíz de la puesta en marcha de la Operación Trueno, destapada por la Agencia Tributaria y en la que también trabajaron la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Las pesquisas apuntan a que adquirió en los últimos años entre 30 y 50 hoteles por varias partes del mundo, así como el 14 por ciento de la planta hotelera ibicenca, con dinero presuntamente ilícito. La operación policial constató que el hotelero catalán no había declarado impuestos en los cinco años anteriores, pese a estar vinculado a un entramado empresarial integrado por 300 sociedades y administrar un patrimonio hotelero valorado en más de 600 millones de euros.