El Govern ha eludido este viernes pronunciarse sobre las propuestas concretas que ha realizado el PSM-IV-ExM y Més per Menorca sobre la Ley de la buena administración y del buen Govern, por lo que se ha remitido a la comparecencia voluntaria del conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, en el Parlament.

Después de que la coalición econacionalista haya presentado sus alegaciones a esta normativa entre las que se encuentra la obligación de que los partidos políticos publiquen sus cuentas anuales, el portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, ha dicho que será Gornés quien comparezca para explicar las modificaciones propuestas por el Govern al anteproyecto.

Bosch ha dicho que el Govern no tiene "ninguna postura a priori sobre las propuestas que están saliendo" y que será durante la tramitación cuando sea el "momento de estudiarlas". Según ha manifestado, "en su momento" cada partido negociará y hablará de las diferentes proposiciones.

En cualquier caso, ha indicado que él mismo ha presentado siempre, en los diferentes cargos que ha desarrollado, su declaración de bienes y de actividades y ha cumplido con las diferentes tramitaciones. Además, ha apuntado que la mayoría de los políticos cumple con "toda la transparencia y cumplimiento estricto de la normativa".

Además, Bosch ha recordado que el anteproyecto de la Ley del buen Govern fue aprobado en uno de los últimos Consells de Govern de la pasada legislatura y que no pasó por un periodo de exposición pública. El portavoz ha asegurado que las modificaciones que ahora plantea el actual Ejecutivo se realizarán "con transparencia y exposición pública".

Asimismo, ha añadido que la anterior redacción de la normativa tenía una "problemática técnica" en el articulado, por lo que hay "determinadas propuestas que necesitan una mejora y una modificación".

Cabe recordar que el pasado día 19 el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó el inicio del trámite de información pública con proceso de audiencia para la propuesta de modificación de la Ley 4/2011 de la Buena Administración y del Buen Govern que, entre otros cambios, recoge una modificación de la comparecencia ante el Parlament de los altos cargos para defender la idoneidad de su nombramiento.