El juez que instruye el 'Caso Nóos' ha impuesto este miércoles una fianza civil millonaria, 8,1 millones de euros, a Iñaki Urdangarin y a su socio en la presunta trama de corrupción, Diego Torres.

Las fianzas de responsabilidad civil, al contrario que las penales —que se fijan para evitar que el imputado pueda eludir la justicia—, se imponen principalmente para garantizar que las indemnizaciones que contemple la futura sentencia podrán ser cubiertas con dinero.

Mientras que la responsabilidad penal implica que se castiga en abstracto a los delincuentes, la responsabilidad civil da por hecho que ha habido un perjudicado particular por la acción delictiva. Por lo general, las fianzas civiles suelen ser más onerosas que las penales.

Para fijar la cantidad que se impone en concepto de fianza civil a un encausado, el juez calcula lo que presuntamente se ha defraudado (en el caso de Urdangarin y Torres unos 5.098.119 euros); a ese monto se añade luego un tercio de la cantidad defraudada (en este caso en particular 2.147.362 euros).

La cifra final es la que servirá para avalar que se pueda resarcir pecuniariamente a los afectados (esta es la manera en que se llega a los 8,1 millones decretados por el juez Castro en el 'caso Nóos'). Las cantidades de las fianzas civiles deben, en todo caso, ajustarse a la cantidad que el magistrado considere que podría haberse defraudado o que serviría para reparar el daño causado.

La fianza impuesta a Urdangarin y su socio no es ni mucho menos la más cuantiosa que ha impuesto la justicia española en los últimos años.  A continuación, un repaso a las más importantes:

El llamado 'caso Malaya', que investiga la presunta trama de corrupción municipal e inmobiliaria en Marbella y que puso en tela de juicio el urbanismo en toda España, fue una de las operaciones anticorrupción que se saldó con unas fianzas civiles más altas. Así, el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, impusó una fianza de 1.000 millones de euros al cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca. En total, el magistrado del caso pidió 5.200 millones de euros en fianzas civiles a los 86 procesados en esta trama de corrupción urbanística. 

Uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años, el de los ERE fraudulentos, también se saldó con algunas de las fianzas por responsabilidad civil más altas impuestas por la justicia hasta el momento. Así, la jueza del caso, Mercerdes Alaya, impuso al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, una fianza civil de 807 millones de euros, y al ex director general de Trabajo, Francisco José Guerrero, le exigió 686 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz impuso al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, una fianza de 253 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Canceller Arce está acusado de defraudar 75 millones a Hacienda y de blanqueo de capitales. Canceller Arce está acusado por colaborar supuestamente en los presuntos delitos fiscales cometidos por su padre, Demetrio Canceller Coll, para quien la suma ascendió a 511,2 millones de euros. Para otros dos hombres de confianza de Canceller Coll, el juez impuso fianzas de 269,5 millones y 402,8 millones.

El 'caso PSV' fue un caso de fraude y apropiación indebida y financiación ilegal de UGT a través de su cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV). El caso se destapó a finales de los años 80 del pasado siglo. El juez instructor del mismo, Miguel Moreiras, impuso unas fianzas de 42.000 millones de pesetas (252 millones de euros) a los directivos de la cooperativa, si bien esta cifra no es exactamente comparable con el resto, debido a que para que lo fuera habría que tener en cuenta datos como la inflación y el precio del dinero entonces y ahora.

'Caso de los ERE' (29,5 millones de euros).

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011 a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, por lo que le impuso una fianza civil de 29.568.129 euros. La juez Mercedes Alaya calculó esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidashasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004.

La Audiencia Nacional impuso, el pasado mes de julio de 2012, una fianza de 25 millones de euros a los cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) imputados por presuntas irregularidades en la gestión de la caja de ahorros nacionalizada. Dicha fianza se estimó a petición de la acusación particular del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

El juez del 'caso Nóos' ha impuesto una fianza de 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres. El juez atribuye así "una actividad delictiva premeditada" al Instituto Nóos. La fianza servirá, según el auto del juez, "para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias". Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía, según el juez, al duque de Palma "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas".

El expresidente de la Diputación de Castellón (PP), Carlos Fabra, imputado en varios casos de corrupción, tuvo que afrontar el año pasado una fianza de 4,2 millones de euros por el llamado 'caso Naranjax', que investiga presuntos tratos de favor  de Fabra y de su exmujer, María Desamparados Fernández, en la compra de productos fitosanitarios.

El expresidente de Baleares, Jaume Matas (PP), imputado en varios casos de corrupción, tuvo que afrontar en 2011 el pago de una fianza civil de 1,6 millones de euros por el llamado 'caso Ópera', un proyecto con el que se pretendía edificar un teatro en la bahía de Palma diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava.

En diciembre de 2012, la Audiencia Nacional impuso la fianza penal más alta de la historia judicial española. Fue a Ángel de Cabo, propietario de Marsans y Nueva Rumasa, quien para eludir la cárcel tuvo que pagar 50 millones de euros, pese a que recurrió la decisión del magistrado. El juez del caso le acusa de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Esta cantidad se explican porque tras el traspaso de Marsans a De Cabo, el liquidador pudo detraer activos del grupo turístico por al menos 30 millones de euros, que al parecer habían beneficiado directamente a Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE.

El mismo día que se conocía la fianza para Del Cabo, la AN imponía al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, una fianza de 30 millones de euros. Díaz Ferrán comparte este segundo puesto en cuanto a cuantía de fianzas con la que en junio de 1999 la Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en relación con el 'caso Torras'. La cantidad era de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros), si bien siete meses después la rebajó a 500 millones de pesetas (3 millones de euros).

Otra de las fianzas penales de mayor cuantía es la de 15 millones de euros impuesta a Francisco Correa, supuesto responsable de la trama Gürtel, quien abandonó la cárcel un año después, cuando fue rebajada a 200.000 euros. La solicitud de libertad del máximo cabecilla de la 'red Gürtel' había sido desestimada en varias ocasiones no sólo por el magistrado Pedreira, encargado del caso, sino también por los magistrados que componen la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La misma cantidad, 15 millones de euros, fue fijada, también en junio de 2011, al empresario Husein Salem en la causa en la que se tramita la petición de extradición cursada por Egipto por sus vínculos Hosni Mubarak. Sólo unas horas después otro magistrado de la Audiencia Nacional fijó una segunda fianza de 12 millones de euros para Salem en relación con otro proceso.

Entre las fianzas penales más cuantiosas también está la impuesta al exbanquero Mario Conde por el 'caso Banesto' en 1995, que se elevó a 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). Parecida cantidad desembolsaron los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer para eludir la cárcel por el 'caso Urbanor' en 1998, 2.040 millones de pesetas cada uno (12,24 millones de euros).

El expresidente de Baleares, Jaume Matas, citado arriba por haberle sido impuesta una fianza civil millonaria, también tuvo que pagar 3 millones de euros para eludir la prisión por el caso 'Palma Arena'. la misma fianza que la Justicia impuso al exasesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella Antonio Roca (2008); al propietario de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho (2003) y al capitán del buque Prestige, Apostolus Mangouras (2002).