El Gobierno autoriza la producción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana

  • El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha resuelto favorablemente el desarrollo del proyecto El Saladillo.
  • El proyecto tiene como primer objetivo la producción de gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamientos.
  • "No pone en riesgo ningún ecosistema, ni mucho menos el Parque Nacional de Doñana", han asegurado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva.
  • Equo denuncia que la empresa concesionaria sea una filial de Gas Natural Fenosa, de cuyo consejo de administración forma parte Felipe González.
Humedales del Coto de Doñana.
Humedales del Coto de Doñana.
JUNTA DE ANDALUCÍA
Humedales del Coto de Doñana.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha resuelto favorablemente el desarrollo del proyecto El Saladillo para la producción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana, al entender que no producirá efectos adversos significativos en el medio ambiente.

Así se desprende de la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el BOE, sobre este proyecto de la empresa Petroleum Oil & Gas España en el término municipal de Almonte (Huelva). El proyecto tiene como primer objetivo la producción de gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamientos subterráneos de gas.

El proyecto prevé la realización de cinco nuevos sondeos de gas desviados desde los emplazamientos ya existentes de Saladillo y Asperillo, con las instalaciones de superficie asociadas, así como la instalación de un gasoducto de interconexión que sustituirá al que hay entre los emplazamientos de Saladillo y Rincón.

Durante el periodo de consultas previas se recibieron alegaciones por parte del Parque Natural de Doñana, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, y la Delegación Provincial de Huelva. Estas han sido tenidas en cuenta para lograr que las afecciones al medio ambiente en una zona de especial protección como Doñana y su entorno "no sean significativas".

Entre los condicionantes establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, destaca que antes del comienzo de las obras, la empresa deberá obtener el certificado de no afección a la Red Natura 2000, que será emitido por la Dirección General de la Red de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía. Además, deberá comprobar que en la zona de las obras no existan nidos de milano real y águila imperial ibérica, ni presencia de lince ibérico.

"No pone en riesgo Doñana"

El proyecto "no pone en riesgo ningún ecosistema, ni mucho menos el Parque Nacional de Doñana", han asegurado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, después de que grupos conservacionistas como Ecologistas en Acción y WWF hayan expresado sus "dudas" sobre el proyecto y sus afecciones al espacio natural, ya que se desarrollará en una zona de máxima protección.

En este sentido, han indicado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, emitida por el Ministerio, se ha otorgado "tras la realización de todos los estudios pertinentes y cuenta con los informes favorables necesarios y preceptivos para que sea así", entre ellos, ha destacado, el de la Junta de Andalucía.

Desde Ecologistas en Acción se ha anunciado además que denunciará esta concesión ante la Unión Europea al considerar que vulnera la Ley de Espacios Naturales. La organizaicón no entiende "cómo no se ha obligado a la empresa a buscar lugares alternativos para el almacenamiento de gas", porque "Doñana es Patrimonio de la Humanidad y es lugar de interés comunitario".

Por su parte, en representación de WWF, Juan José Carmona, ha asegurado que "la mayor preocupación" del grupo ecologista es conocer si las prospecciones afectarán al acuífero, ya que, aunque "la teoría dice no, tenemos el ejemplo de la Mina de las Cruces, y una cosa es lo que pone en el papel y otra la realidad".

El grupo Equo denuncia

El grupo ecologista Equo ha expresado su oposición al proyecto aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente para la producción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Según Equo, la construcción de siete nuevos pozos y 24,5 kilómetros de gasoductos previsto "es incompatible con la máxima protección nacional y europea de Doñana y provocará afección al acuífero del que depende todo el ecosistema marismeño".

Además, añade en una nota de prensa, el desarrollo afectará "a muchas especies amenazadas, incluido el endémico lince ibérico que encuentra justamente en la zona afectada una de sus principales áreas de dispersión".

Los pozos, dicen, "tienen necesariamente que atravesar el acuífero para acceder a los yacimientos de gas (a unos 1.000 metros de profundidad) con el riesgo que supone de contaminación, dado que la perforación se realiza con un fluido compuesto por agua a presión y productos químicos".

Lo que mas preocupa a Equo del proyecto es la futura utilización del yacimiento para el almacenamiento subterráneo de gas de origen desconocido.

"Esto supondría una afección permanente del Espacio Natural de Doñana completamente incompatible con los objetivos de espacios naturales y parques nacionales", subraya en la nota el coportavoz federal de EQUO, Juan López de Uralde

María Merello, coportavoz e Equo Andalucía, señala que "esta posible utilización del yacimiento para el almacenamiento subterráneo de gas coincide con el creciente interés de las compañías por la extracción de gas no convencional por el método de fractura hidráulica (fracking), lo que nos hace sospechar de la conexión de unos proyectos con otros".

Para Merello, "son demasiadas coincidencias" que la empresa concesionaria sea una filial de Gas Natural Fenosa, de cuyo consejo de administración forma parte el expresidente Felipe González, que recientemente dimitió como presidente del Consejo de Participación de Doñana.

Equo propone someter el proyecto a la "autorización expresa" de la Comisión Europea, porque afectar directamente a la Red Natura 2000 y anunció que "elevará la correspondiente pregunta" a través de sus representantes en el Grupo Parlamentario Verdes-ALE.

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