Los diputados del grupo Izquierda Plural —y dentro, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)— Joan Coscubiela y Laia Ortiz han presentado una querella contra el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, "por un presunto delito de prevaricación".

El escrito, con fecha 22 de enero, detalla que los parlamentarios han ejercido "la acción popular", recogida en la Constitución, en vista de que el Banco de España no ha atendido a su demanda de cese de Alfredo Sáenz Abad, el vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander que fue indultado parcialmente por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras ser condenado por un delito continuado de acusación y denuncia falsas.

Coscubiela y Ortiz explican que al tener antecedentes penales no puede ser directivo de banca.

La querella dice que los diputados instaron tras el indulto "el correspondiente expediente administrativo" para que, "en cumplimiento de la normativa bancaria vigente", Sáenz fuera cesado, ya que "al no tener honorabilidad y por la tenencia de antecedentes penales", no estaría habilitado para "el ejercicio de la actividad bancaria"; "El Sr. Sáenz ha sido indultado, no amnistiado", detallan.

Pero recibieron una "respuesta negativa del Banco de España", en el sentido de que "nada han hecho y nada harán", dice el escrito. La querella va dirigida contra Fernández Ordóñez porque "en la fecha de la comisión" del delito era el gobernador del organismo de supervisión bancaria. "Bajo sus órdenes, su mandato, su supervisión y de acuerdo con sus instrucciones, se ha cometido el acto delictivo", explican los querellantes.

Sáenz fue condenado en 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis meses y un día de cárcel y a una multa diaria de 300 euros durante tres meses por un "delito continuado de acusación y denuncia falsa, con la atenuante de dilaciones indebidas".

El Tribunal Supremo, recuerda el documento de la querella, ratificó en 2011 la condena "por acusación falsa" tras un recurso de casación, aunque la rebajó a tres meses de cárcel "con la accesoria de suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras".

Sáenz pidió el indulto al Ministro de Justicia y, al mismo tiempo, pidió también a la Audiencia de Barcelona que suspendiera la ejecución de la condena hasta que este indulto se resolviera, pero la Audiencia Provincial le denegó la petición, que incluía que "no se anotaran en el Registro (de Penados) los antecedentes" de Sáenz. El 25 de noviembre de 2011, Sáez fue indultado y se le conmutó la pena por una multa.

El documento de la querella cita el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito, que dice que los miembros del consejo de administración de las entidades bancarias "serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional".

A este respecto, apostillan los demandantes, "resulta palmario que un delincuente, un condenado penalmente por su actuar en la actividad bancaria, no puede considerarse honorable", añadiendo que "la pérdida de la honorabilidad es una consecuencia derivada de la condena en el proceso penal".

"La honorabilidad o se tiene o no se tiene. Y no la tienen, según establece la ley, las personas condenadas por delito doloso del que derivará los correspondientes antecedentes penales", explican. La Ley de Autonomía del Banco de España dice, por otro lado, según el texto, que la entidad debe supervisar "tanto normas de acceso a la actividad como de ejercicio de la actividad" bancaria.

Al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez le acusan de "inactividad voluntaria y dolosa" hasta en dos ocasiones en relación a todo el proceso y también de "resolución injusta", ya que "siendo conocedor del indulto, no aplica la normativa general (que deriva de una directiva europea) que impide a toda persona condenada por delito doloso y con antecedentes penales el ejercicio de la actividad bancaria".

Coscubiela y Ortiz piden que se tome declaración "en calidad de imputado" a Fernández Ordóñez. En enero de 2012 el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso presentado por un accionista del Banco Santander contra el indulto a Sáenz.